Recibirlo por error no lo convierte en dinero propio
Una transferencia equivocada no genera automáticamente responsabilidad penal para quien la recibe, pero tampoco le concede derecho a quedarse con ella. Deben distinguirse la recepción involuntaria y las decisiones posteriores de retirar, gastar u ocultar fondos sabiendo que no corresponden. El origen, el conocimiento y los actos realizados son relevantes para determinar las consecuencias jurídicas.
Existe una obligación civil de restitución
El artículo 1376 del Código Civil dominicano obliga a restituir lo recibido indebidamente por equivocación o a sabiendas. Por tanto, la reclamación puede apoyarse en el pago de lo indebido, aun sin contrato entre remitente y receptor. La discusión debe acreditar el envío, la ausencia de deuda que lo justificara y la identidad de quien recibió.
Disponer conscientemente de fondos ajenos exige otro análisis
El artículo 247 del Código Penal, Ley 74-25, contempla disponer de un bien o valor que no pertenece al autor o sobre el cual no tiene derecho. Para valorar una transferencia errónea deben examinarse sus elementos y la conducta concreta. No debe presentarse como una condena automática por recibir un depósito ni asumirse que cualquier negativa a devolverlo es una estafa, si no hubo maniobra para provocar la entrega.
Si recibe un abono desconocido, contacte al banco
Evite utilizar los fondos y consulte a la entidad por canales oficiales, conservando el número de reclamación. Si un desconocido pide que los reenvíe a otra cuenta, no actúe basándose únicamente en su mensaje: confirme el origen y el procedimiento con el banco. Una devolución mal dirigida puede generar otro perjuicio y dificultar la corrección de la operación original.
Si se equivocó al transferir, documente el reclamo
Notifique de inmediato al banco y conserve comprobante, fecha, monto y datos del destinatario. Solicite información sobre las gestiones de recuperación disponibles, sin asumir que la entidad puede revertir unilateralmente cualquier operación. Si no se logra una solución, debe evaluarse el requerimiento y la reclamación judicial procedentes. Evite amenazas o difundir datos personales del receptor para presionarlo.
La solución debe quedar acreditada
Toda restitución debe documentarse y corresponder a la operación verificada. Si existen retiros, uso de los fondos o una controversia sobre su causa, obtenga asesoría antes de firmar un acuerdo o formular una acusación penal. La reclamación civil y la investigación de una posible infracción cumplen funciones distintas. La ley aplicable depende de los hechos y de la fecha en que ocurrieron.
Carlos Felipe B.Socio director y fundador
