Recurso de Revisión Constitucional

Treinta días a partir de la notificación de la sentencia firme, según el artículo 54 de la Ley 137-11, depositando el recurso en la secretaría del tribunal que la dictó. Para las sentencias de amparo el plazo es de solo cinco días. Vencidos esos plazos el recurso es inadmisible sin examen del fondo.

Es el filtro de admisibilidad que aplica el Tribunal a los recursos de revisión: solo admite los casos cuyo contenido justifica un pronunciamiento por su impacto en la interpretación o aplicación de la Constitución, más allá del interés de las partes. Se demuestra argumentando sobre los precedentes del propio Tribunal, y es la causa más frecuente de inadmisibilidad.

El Presidente de la República, una tercera parte de los miembros del Senado o de la Cámara de Diputados, y cualquier persona, física o jurídica, con un interés legítimo y jurídicamente protegido, conforme al artículo 185.1 de la Constitución. Para empresas y ciudadanos, acreditar ese interés frente a la norma impugnada es un requisito central del escrito inicial.

No. La revisión constitucional no tiene efecto suspensivo automático: la sentencia firme puede ejecutarse mientras el Tribunal decide. La Ley 137-11 permite solicitar la suspensión mediante una demanda separada, que se concede de manera excepcional cuando la ejecución causaría un daño difícil de revertir.

No. El Tribunal no reexamina los hechos ni la aplicación de la ley ordinaria. Solo entra cuando la decisión aplicó una norma inconstitucional, se apartó de un precedente del propio Tribunal o vulneró un derecho fundamental en las condiciones que fija la ley.