Una decisión que cierra el proceso puede ser recurrida
La nulidad o inadmisibilidad de una acusación penal privada puede impedir que el proceso continúe, aunque no declare culpable ni inocente al imputado. Esa consecuencia es decisiva para identificar el recurso y el procedimiento aplicables. En la sentencia SCJ-SS-26-1008, del 31 de julio de 2026, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia reiteró que decisiones de esta naturaleza se equiparan, por sus efectos, a una sentencia definitiva en el ámbito penal. El criterio puede leerse en el Boletín Judicial de julio de 2026, páginas 2593 a 2644.
Qué ocurrió en el caso examinado
La Suprema Corte conoció dos recursos de casación relacionados con una acción penal privada. En primer grado se habían dictado decisiones que declararon, respectivamente, la nulidad y la inadmisibilidad de la acusación. Las cortes de apelación dejaron sin efecto esas decisiones y ordenaron continuar el proceso, pero resolvieron los recursos sin celebrar audiencia. La discusión en casación no consistía únicamente en determinar si era posible impugnar el cierre del procedimiento: también exigía establecer cómo debía tramitarse esa impugnación para respetar los derechos de todas las partes.
Importan los efectos, no solamente el nombre de la resolución
En los apartados 4.10 y 4.11, la Segunda Sala explicó que estas decisiones, por provenir de un juzgado de primera instancia y poner fin al procedimiento penal, deben someterse al régimen de apelación de sentencias. La denominación formal de resolución no elimina el perjuicio que produce el cierre de la acción. Esto tampoco significa que cualquier incidente o rechazo de un escrito se convierta automáticamente en sentencia apelable: deben analizarse la fase procesal, el órgano que decide y, especialmente, si la decisión impide la continuación del proceso.
La regla actual está en la Ley 97-25
El artículo 432 del Código Procesal Penal instituido por la Ley núm. 97-25 comprende las decisiones que ponen fin al proceso en la fase de juicio. La sentencia distingue expresamente la numeración anterior de la actual: los artículos 416 y siguientes del código anterior corresponden al régimen que ahora comienza en el artículo 432. También diferencia esta vía del procedimiento de apelación de resoluciones de la fase preparatoria, regulado en los artículos 426 y siguientes. Mezclar ambos trámites puede afectar el derecho de defensa.
Admitir el recurso y resolver su fondo son etapas distintas
Los apartados 4.12 a 4.14 de la sentencia destacan que, una vez admitida la apelación sometida al régimen de sentencias, debe fijarse audiencia. El artículo 437 del código actual regula esa fijación, mientras el artículo 438 dispone el debate oral de las partes y sus abogados sobre el fundamento del recurso. La evaluación inicial de admisibilidad no exige por sí misma una vista pública; lo que no procede es aprovechar esa evaluación para resolver también el fondo sin la audiencia exigida. La garantía protege tanto al recurrente como a quien defiende la decisión impugnada.
Cómo preparar una apelación de esta naturaleza
El artículo 434 de la Ley 97-25 establece la presentación de un escrito motivado ante la secretaría del juez o tribunal que dictó la sentencia y fija un término de veinte días a partir de su notificación. El escrito debe separar los motivos, sus fundamentos, la norma violada, la solución pretendida y la prueba ofrecida. En un expediente concreto también debe comprobarse el régimen temporal aplicable, la validez de la notificación y las reglas de cómputo. Conservar la decisión íntegra y su acto de notificación permite revisar estos aspectos sin depender de un resumen informal.
Qué decidió la Suprema Corte y qué no decidió
La Segunda Sala acogió los recursos de casación, casó las resoluciones impugnadas y envió el asunto a la Presidencia de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional para conocer los méritos de las apelaciones mediante audiencia. Este resultado no equivale a una declaración de culpabilidad, ni garantiza que la acusación privada vaya a prosperar. Significa que la revisión debe realizarse por el cauce adecuado, con contradicción y respeto al debido proceso y a la tutela judicial efectiva reconocidos en el artículo 69 de la Constitución.
Carlos Felipe B.Socio director y fundador
