Como mínimo: identificación de las partes, objeto con planos y especificaciones anexos, precio y modalidad, forma y calendario de pago, plazo con hitos y penalidades, retenciones y fianzas, procedimiento para las órdenes de cambio, obligaciones de permisos, condiciones de recepción y garantías, y la vía de resolución de controversias. Un contrato que omita las órdenes de cambio y la recepción deja abiertas las dos discusiones más caras.

Documentarlos de inmediato con fecha, fotografías y, si es posible, un informe técnico; notificar formalmente al constructor; y verificar en qué punto está el plazo de garantía. El error más común es reclamar solo verbalmente durante meses: cuando se decide accionar, no hay constancia de nada y el plazo ha avanzado.

Depende de la naturaleza del defecto. Los vicios que afectan la solidez o comprometen la estructura tienen un plazo de garantía largo contado desde la recepción de la obra; otros defectos menores se rigen por plazos más cortos y por lo que el propio contrato haya pactado. Determinar en qué categoría cae el problema concreto es el primer paso de la evaluación.

Sí, aunque la vía es distinta a la de un cobro entre particulares y exige reconstruir la prueba de la ejecución y de su recepción. La ausencia de un contrato formalizado dificulta el caso pero no siempre lo impide. Lo determinante es actuar antes de que los plazos de la vía administrativa se agoten.

El problema simétrico se litiga igual: con la documentación acumulada durante la obra. Cubicaciones aprobadas, actas, correspondencia y órdenes de cambio son lo que acredita lo ejecutado. Las ampliaciones ordenadas verbalmente y después negadas son el punto débil habitual, y por eso conviene dejarlas por escrito mientras la relación es buena.