Contratación pública

La Ley 47-25 de Contrataciones Públicas, promulgada en julio de 2025 y en vigor desde el 28 de enero de 2026. Los procesos iniciados antes de esa fecha siguen rigiéndose por la Ley 340-06 hasta su liquidación, incluidas las controversias que generen.

Sí, y con plazos cortos. Primero ante la institución contratante y, si no corrige, ante la Dirección General de Contrataciones Públicas; la decisión final se puede llevar al Tribunal Superior Administrativo. Lo que se discute es si el pliego se aplicó como estaba escrito y si la evaluación fue trazable.

Sí: es el requisito para participar en cualquier proceso, y su estado —activo, inhabilitado, con sanciones— es lo primero que revisa una institución. Conviene tenerlo al día antes de que salga la licitación que le interesa, no después.

Revisar la causa y el procedimiento. La rescisión unilateral procede por causas previstas en la ley y en el contrato, y con un trámite en el que usted puede defenderse. Si no lo hubo, se impugna; y si además le ejecutaron la garantía, se reclama su devolución.

Puede serlo: la Ley 47-25 permite a la Dirección General de Contrataciones Públicas investigar de oficio o por denuncia, adoptar medidas cautelares y terminar en un procedimiento sancionador. Hay un plazo de días para presentar defensa desde que le notifican, y lo que se diga en ese escrito pesa en todo lo que sigue.

No. Cuéntenos en qué fase está el proceso y qué le notificaron, y le decimos qué se puede impugnar y hasta cuándo. Si decide seguir con nosotros, los honorarios se acuerdan por escrito antes de empezar.