Carlos Felipe B.Socio director y fundador
Litigante en materia penal, civil e inmobiliaria. Docente universitario y panelista de «Legal Radio».
Ver su perfil →Excelentes servicios en litigios, muy buen trato humano.
Excelente dominio de temas jurídico procesales. Proactividad en solución de conflictos.
Servicio excelente. Siempre a la disposición de cualquier duda que como cliente me pueda surgir.
Sí se puede demandar al Estado dominicano, y se hace más de lo que la gente cree. La mayoría de los reclamos legítimos no se pierden en el fondo: se pierden en la forma.
Seis reclamaciones patrimoniales contra el Estado.
La Constitución condiciona la expropiación a justa valoración y pago previo.
Afectaciones a su inmueble o a su actividad, aunque la obra sea legítima.
A veces el contrato nunca llegó a formalizarse como correspondía.
No funcionó, funcionó mal o funcionó tarde, y de ahí salió un daño concreto.
Aquí suele haber que impugnar el acto además de reclamar el daño.
Responde la Administración: no hace falta identificar al culpable.
Cuatro fases, y la secuencia no admite atajos.
Es la primera pregunta, no la última: empieza a correr en momentos que no siempre son evidentes.
Daño cierto y evaluable, actuación de la Administración y el vínculo entre los dos. Los tres, o no hay demanda.
Hacerlo mal es la causa más frecuente de inadmisibilidad. El silencio también produce efectos.
Proceso más largo que un pleito civil, pero el Estado es un deudor solvente y las decisiones se ejecutan.
Casi todo en derecho tiene un plazo, y ese plazo ya está corriendo
Cuéntenos qué pasó. Le decimos qué vía procede y qué conviene hacer de inmediato, sin costo.
Nada de esto es imprescindible para la primera conversación. Cuanto más tenga, más rápido le decimos si hay caso sobre demanda contra el Estado.
En expropiaciones, la titularidad es lo primero.
Cuándo tomó posesión el Estado, y de cuánto.
Actos, oficios, resoluciones, con su fecha.
Cubicaciones, actas de recepción, facturas.
El acuse de recibo de todo lo que depositó.
También sirve. Empezamos por la institución.
Con el nombre de la institución y la fecha aproximada del hecho empezamos a reconstruir el expediente.
Conviene distinguirlos porque no se acreditan igual.
Los plazos son el punto crítico. Son más cortos que los de la responsabilidad civil ordinaria y empiezan a correr en momentos que no siempre son evidentes: la notificación del acto, el conocimiento del daño o el vencimiento del plazo que tenía la Administración para responder.
Un reclamo presentado fuera de plazo se declara inadmisible sin que nadie llegue a examinar si tenía razón. Por eso la primera pregunta de la evaluación no es cuánto vale su caso, sino cuánto tiempo le queda.
años al frente de la firma
expedientes llevados desde 2008
materias con expediente propio
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Sí. La Constitución reconoce el derecho a ser indemnizado por los daños causados por el funcionamiento de la Administración, y existe una jurisdicción específica para conocer esas demandas. Lo que cambia respecto a un pleito común es el procedimiento: hay una reclamación previa ante la propia Administración y plazos más breves.
Reunir la documentación de titularidad, acreditar la fecha y el alcance de la ocupación, y obtener una tasación técnica del valor. Con eso se plantea el reclamo del justo precio por la vía correspondiente. Que hayan pasado años no cierra automáticamente la puerta, pero sí condiciona la estrategia.
Menos del que la mayoría supone, y el cómputo depende del tipo de reclamo y del momento en que se considera nacido el derecho. Es la primera cuestión que revisamos en la evaluación, porque determina si hay caso o no.
Sí, aunque el camino pasa por la vía administrativa y por reconstruir la prueba de la ejecución y de su recepción. La ausencia de contrato formalizado complica el reclamo sin necesariamente impedirlo: lo que se reclama entonces es el enriquecimiento obtenido por la Administración a costa de quien ejecutó.
Con carácter general sí, y hacerlo mal es la causa más frecuente de inadmisibilidad. También el silencio de la Administración produce efectos y habilita el paso al tribunal, pero hay que saber en qué momento se activa.
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