Carlos Felipe B.Socio director y fundador
El Impuesto al Patrimonio Inmobiliario (IPI) constituye una obligación tributaria que recae sobre determinados patrimonios inmobiliarios conforme a las condiciones establecidas por la legislación dominicana. Sin embargo, la ley contempla situaciones especiales en las que el propietario puede quedar exento de este impuesto. Una de ellas adquiere particular importancia para los adultos mayores: la protección de quienes han cumplido 65 años y poseen una vivienda que constituye su único patrimonio inmobiliario.
La Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia recordó este tratamiento especial al interpretar la Ley núm. 18-88. Conforme al criterio reseñado, cuando el propietario ha alcanzado los 65 años y la vivienda sujeta al impuesto constituye su único patrimonio inmobiliario, puede beneficiarse de la exención prevista legalmente. La finalidad de esta disposición es evitar que una persona adulta mayor tenga que soportar una carga tributaria sobre el inmueble que representa esencialmente su patrimonio habitacional.
¿Significa esto que toda persona mayor de 65 años está automáticamente exenta del IPI? No. La edad constituye uno de los requisitos, pero no el único. El criterio señalado exige además que se trate del único patrimonio inmobiliario del propietario. Por tanto, no sería correcto interpretar la exención como un beneficio general aplicable a cualquier persona que alcance determinada edad independientemente de la cantidad de propiedades que posea.
¿Y qué ocurre si la vivienda tiene un valor elevado? El punto central del criterio es precisamente la existencia de una exención especial vinculada con la condición del propietario y la composición de su patrimonio inmobiliario. Esto debe distinguirse de las reglas generales mediante las cuales se determina quién se encuentra sujeto al IPI según el valor de los inmuebles. Cuando concurren las condiciones de la exención reconocida por la Ley núm. 18-88, la situación debe examinarse bajo ese régimen especial y no únicamente a partir del valor económico de la propiedad.
La razón detrás de esta protección también tiene una dimensión social. Para muchas personas mayores, su vivienda representa el principal —y en ocasiones único— patrimonio acumulado durante toda su vida. Imponer una carga fiscal sobre ese inmueble podría afectar directamente su estabilidad económica, especialmente cuando ya no cuentan con los mismos niveles de ingresos que durante su vida laboral. La exención procura precisamente evitar que la propiedad de la vivienda se convierta en una carga tributaria desproporcionada para quien cumple las condiciones establecidas legalmente.
El criterio de la Suprema Corte deja así una orientación práctica importante: tener 65 años no basta por sí solo, pero tampoco debe ignorarse la exención cuando la vivienda constituye el único patrimonio inmobiliario de la persona. Quienes se encuentren en esta situación deben verificar su condición ante la administración tributaria y la documentación de sus propiedades. En materia tributaria, conocer una exención puede ser tan importante como conocer la obligación de pagar, especialmente cuando la propia ley ha establecido el beneficio para proteger el patrimonio de los adultos mayores.