¿Las enfermedades o limitaciones físicas impiden a un adulto mayor tomar sus propias decisiones?

Escrito por Carlos Felipe2 min de lectura

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La edad y la condición física no equivalen a incapacidad

Padecer varias enfermedades, necesitar asistencia para movilizarse o no poder firmar físicamente no demuestra, por sí solo, que un adulto mayor sea incapaz de comprender y expresar su voluntad. La capacidad cognitiva debe distinguirse de las limitaciones motoras. Esta diferencia resulta decisiva cuando se discute la validez de un poder, una venta u otro acto jurídico.

El criterio de la Suprema Corte de Justicia

En la sentencia SCJ-PS-22-1388, del 29 de abril de 2022, la Primera Sala examinó un poder cuestionado por la condición de salud del otorgante. Valoró las comprobaciones sobre su capacidad para expresarse y comprender. El criterio fue reiterado en la sentencia SCJ-PS-23-2466, del 27 de noviembre de 2023: las enfermedades o limitaciones motoras no prueban automáticamente incapacidad cognitiva.

Qué debe examinarse al momento del acto

La cuestión relevante es si la persona podía comprender el acto y manifestar válidamente su consentimiento cuando lo realizó. La necesidad de cuidados cotidianos no responde por sí sola esa pregunta. Deben analizarse las pruebas pertinentes al momento de la actuación, evitando sustituirlas por presunciones fundadas únicamente en la edad o en un diagnóstico general.

Quien solicita la nulidad debe probar su fundamento

En el caso decidido en 2023, la Corte destacó que los demandantes no acreditaron la incapacidad invocada y que los jueces del fondo habían valorado las pruebas disponibles. El fallo relacionó la capacidad para contratar con los artículos 1108, 1123 y 1124 del Código Civil y con las reglas probatorias. Una alegación familiar, sin respaldo suficiente, no determina la nulidad del contrato.

La interdicción requiere un examen propio

Las sentencias mencionan la interdicción y los impedimentos legales dentro del régimen examinado. No debe confundirse una condición médica con una declaración judicial ni concluirse que todo acto de una persona enferma resulta válido sin revisión. Los casos de posible deterioro cognitivo, coacción o aprovechamiento requieren estudiar la situación concreta, las pruebas y el procedimiento correspondiente.

Proteger también significa respetar la autonomía

Los familiares y profesionales deben facilitar que la persona comprenda y exprese su decisión, sin reemplazarla únicamente por considerarla mayor o físicamente dependiente. Ante una controversia, conviene preservar los documentos y elementos probatorios pertinentes. Fuentes: SCJ-PS-22-1388 y SCJ-PS-23-2466, Boletín Judicial 1356.

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