Dos documentos no resuelven por sí solos la controversia
Cuando dos personas afirman ser propietarias del mismo terreno, no basta comparar fechas o mostrar copias de títulos. Primero debe determinarse si ambos documentos están vigentes, si corresponden al mismo espacio y si reflejan derechos incompatibles, copropiedad o antecedentes de una transferencia.
Verifique los asientos y sus antecedentes
Solicite al Registro de Títulos la publicidad registral que corresponda y examine los actos que originaron cada inscripción. Compare matrícula, designación catastral, titulares y superficie. Un título cancelado, una constancia anotada o un documento aparentemente auténtico requieren una evaluación distinta de dos derechos actualmente inscritos.
Confirme la coincidencia física del terreno
Un agrimensor debe estudiar los planos aprobados y la ubicación del inmueble para establecer si existe superposición total o parcial. Dos parcelas pueden compartir una descripción informal sin ocupar el mismo espacio; también pueden tener designaciones distintas y presentar un conflicto técnico que deba documentarse.
La disputa sobre el derecho registrado se lleva al tribunal
Los artículos 28 y 29 de la Ley 108-05 regulan la litis sobre derechos registrados y atribuyen su conocimiento a la Jurisdicción Inmobiliaria. El texto legal puede consultarse en la edición comentada publicada por el Registro Inmobiliario. La demanda debe formular pretensiones precisas y garantizar la defensa de los titulares afectados.
Proteja el inmueble mientras se decide
Si hay obras, ocupaciones o transferencias que amenazan con agravar el conflicto, corresponde evaluar medidas provisionales ante el juez competente. La anotación de una litis no debe confundirse con una prohibición automática de vender. Si aparecen indicios de falsificación o fraude, debe analizarse además la vía penal pertinente.
No sustituya el proceso por la fuerza
Conserve títulos, contratos, planos, certificaciones y pruebas de ocupación. Evite desalojar, derribar cercas o vender el terreno como si el conflicto estuviera resuelto. La solución exige integrar la prueba registral y técnica y, cuando proceda, obtener una decisión judicial ejecutable ante los órganos inmobiliarios.
Carlos Felipe B.Socio director y fundador
