En la mediación penal, víctima e infractor, a través de un proceso de diálogo y comunicación confidencial, conducido y dirigido por un mediador imparcial, se reconocen capacidad para participar en la resolución del conflicto derivado del delito.
La mediación intrajudicial en el ámbito penal consiste en la participación voluntaria del encausado por un delito y de la víctima (o persona perjudicada) en un proceso de diálogo y comunicación conducido por un mediador imparcial, con el objeto fundamental de conseguir la reparación adecuada del daño causado y la solución del conflicto, desde una perspectiva justa y equilibrada para los intereses de las partes.
En la mediación penal, un tercero interviene entre las partes para que éstas, de forma libre y voluntaria, alcancen una acuerdo que ponga fin al conflicto, de forma que la víctima pueda ser reparada y que el infractor asuma su responsabilidad. Esto es lo que sucede habitualmente dentro del Derecho privado, donde las partes pueden alcanzar un acuerdo sin necesidad de llevar a juicio sus controversias.
Este principio tiene un base en varios instrumentos internacionales sobre derechos humanos que han permitido nuevas formas distintas al juicio. Así se pronuncia la Declaración Sobre los Principios Fundamentales de Justicia para las Víctimas de Delitos y del Abuso de Poder de la ONU en el numeral 7 : «Se utilizarán, cuando proceda, mecanismos oficiosos para la solución de controversias, incluidos la mediación, el arbitraje y las prácticas de justicia consuetudinaria o autóctonas, a fin de facilitar la conciliación y la reparación en favor de las víctimas». Por otro lado, la Resolución No.R85 11 del Comité de Ministro de los Estados miembros del Consejo de Europa recomendó «examinar las posibles ventajas de mediación y de conciliación».
¿Cuándo se puede recurrir a la mediación penal?
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