Carlos Felipe B.Socio director y fundador
Prevenir también es una cuestión jurídica
Una diferencia entre un inversionista extranjero y una autoridad pública puede escalar si no se identifica a tiempo, si recibe respuestas contradictorias o si se pierde la documentación relevante. La CNUDMI adoptó en julio de 2025 herramientas sobre prevención y mitigación de controversias internacionales de inversión, según su comunicación oficial. El tema interesa a República Dominicana porque la gestión de una reclamación puede afectar proyectos, recursos públicos y decisiones empresariales mucho antes de que exista un arbitraje.
Una herramienta orientativa, no un nuevo tribunal
El recurso está recogido en el portal oficial de mediación y prevención de controversias de inversión de la CNUDMI. Debe entenderse como una herramienta de apoyo a estrategias de prevención, no como un tratado que crea automáticamente obligaciones de indemnizar. Tampoco concede por sí solo acceso al arbitraje. La existencia de jurisdicción internacional depende del consentimiento y del instrumento aplicable, mientras que el fondo de una reclamación exige estudiar los hechos y las obligaciones efectivamente asumidas.
Distinguir una gestión administrativa de una reclamación internacional
No todo retraso, desacuerdo contractual o decisión desfavorable a una empresa extranjera constituye una violación del derecho internacional. Una revisión seria debe identificar la medida cuestionada, la autoridad que la dictó, el fundamento jurídico y el mecanismo disponible para impugnarla. También debe separar las obligaciones contractuales de las que pudieran derivarse de un tratado. Esta distinción permite responder proporcionalmente y evita presentar como inevitable un arbitraje cuya base jurídica todavía no se ha establecido.
Coordinación y conservación de la información
Como práctica de prevención, conviene establecer un canal de recepción de inquietudes, identificar quién debe responder y conservar un expediente común con permisos, comunicaciones, contratos y decisiones. Si varias entidades intervienen, la coordinación ayuda a detectar inconsistencias antes de que agraven el conflicto. Estas son medidas de gestión que deben adaptarse a las competencias legales de cada órgano: no autorizan a un funcionario a prometer exenciones, compensaciones o cambios regulatorios que no puede conceder válidamente.
Negociar no significa renunciar al interés público
La prevención exige escuchar y analizar una reclamación, pero también preservar la legalidad, la igualdad y las facultades regulatorias del Estado. Cualquier solución debe respetar los procedimientos y autorizaciones aplicables. Del lado del inversionista, documentar el problema y formular una propuesta concreta suele facilitar su evaluación. La negociación o la mediación deben estudiarse según el caso, sin asumir que siempre suspenden plazos de impugnación o que reemplazan las actuaciones necesarias para preservar derechos.
Aplicación práctica para proyectos vinculados con el país
Antes de amenazar con un arbitraje o rechazar sumariamente una queja, las partes pueden preparar una cronología verificable, identificar el instrumento invocado y evaluar qué solución es jurídicamente posible. El informe oficial de la CNUDMI de 2025 documenta la adopción de estas herramientas. Su aporte consiste en promover una respuesta temprana e informada; su utilización no debe presentarse como una incorporación automática de nuevas reglas al ordenamiento dominicano ni como garantía de que nunca habrá litigio.