Un derecho que hace visible una necesidad universal
La Corte Interamericana de Derechos Humanos reconoció el derecho al cuidado como un derecho humano autónomo en su Opinión Consultiva OC-31/25, adoptada el 12 de junio de 2025 y notificada el 7 de agosto de ese año. El micrositio oficial del procedimiento permite consultar sus documentos y antecedentes. El criterio parte de que el cuidado sostiene la vida y la convivencia social, y de que sus necesidades no pueden reducirse a un asunto privado que cada familia deba resolver sin considerar derechos, desigualdades y responsabilidades públicas.
Qué significa que sea un derecho autónomo
En los párrafos 112 al 115 de la opinión íntegra, la Corte explica que, aunque se relaciona con salud, trabajo, seguridad social y familia, el cuidado tiene contenido propio. Lo vincula con condiciones materiales y relaciones necesarias para el bienestar y la dignidad, e identifica tres dimensiones: ser cuidado, cuidar y autocuidado. No se trata simplemente de cambiar el nombre de un servicio médico ni de asegurar únicamente la subsistencia. Su comprensión exige valorar autonomía, inclusión y la posibilidad de desarrollar un proyecto de vida.
El derecho a recibir cuidados adecuados
El párrafo 116 aborda a quienes tienen algún grado de dependencia y necesitan atención suficiente, de calidad y ajustada a su etapa vital y circunstancias. La persona cuidada conserva dignidad, intimidad y capacidad de participar en las decisiones que le conciernen; recibir ayuda no permite presumir que deba quedar excluida de ellas. La Corte plantea medidas de desarrollo progresivo para garantizar acceso efectivo a servicios sin discriminación, conforme a la corresponsabilidad. El análisis comprende necesidades físicas, mentales y otras dimensiones del bienestar, más allá de proporcionar compañía de manera ocasional.
Cuidar también exige condiciones dignas
El párrafo 117 incluye a personas cuidadoras remuneradas y no remuneradas, dentro y fuera de la familia. Señala la necesidad de avanzar en la conciliación de responsabilidades familiares y laborales, disponer de medios adecuados y proteger frente a violencia, acoso o discriminación ligados al cuidado. Esta perspectiva permite examinar la sobrecarga que puede recaer en una sola persona y las barreras para su acceso a trabajo, salud o seguridad social. El reconocimiento no convierte automáticamente todo cuidado familiar en una relación laboral, pero exige que su organización no vuelva invisibles a quienes lo realizan.
El autocuidado de quienes cuidan y reciben cuidados
El párrafo 118 analiza el autocuidado, en esta opinión, respecto de quienes prestan y reciben cuidados. Comprende procurar el bienestar propio y contar con tiempo, espacios y recursos para atender necesidades personales, con atención a obstáculos que afectan especialmente a grupos históricamente discriminados. No equivale a un permiso ilimitado para abandonar responsabilidades ni a un beneficio económico de monto fijo. La corresponsabilidad social y familiar implica buscar una distribución que permita sostener la atención sin sacrificar de forma permanente la salud, la autonomía y la vida de quien cuida.
Qué alcance tiene para políticas y reclamaciones
La OC-31/25 interpreta obligaciones de derechos humanos; no es una sentencia de condena contra República Dominicana ni crea por sí sola un subsidio, una licencia laboral de duración uniforme o una indemnización automática. Puede aportar argumentos para evaluar normas, servicios y prácticas, pero una reclamación concreta requiere identificar el derecho afectado, las obligaciones aplicables y la vía competente. Su aporte práctico es orientar medidas que respeten, protejan y hagan efectivo el cuidado, distinguiendo las exigencias de no discriminación de las medidas de realización progresiva y evitando trasladar toda la responsabilidad a las mujeres o a una única persona de la familia.
Carlos Felipe B.Socio director y fundador
