Carlos Felipe B.Socio director y fundador
La clasificación exige revisar la actividad de la empresa
El Aviso núm. 12-26 de la Dirección General de Impuestos Internos, publicado en su portal en julio de 2026, aclara la condición de sujeto obligado no financiero en el sector construcción. El documento remite a la Ley núm. 155-17, el Decreto núm. 408-17 y la Resolución núm. CONCLAFIT-2025-02. Su utilidad consiste en precisar qué actividades toma en cuenta la DGII para clasificar a estas empresas, una cuestión que también puede incidir en los documentos que solicitan los bancos durante sus procesos de debida diligencia.
Compra, venta, promoción e intermediación inmobiliaria
Según el aviso, se consideran sujetos obligados no financieros las constructoras que efectivamente intervienen en operaciones de compra, venta y promoción de bienes raíces, o que ponen en contacto a compradores y vendedores a cambio de una comisión. El criterio obliga a examinar la realidad de las operaciones y su encaje en las actividades descritas. Como revisión práctica, resulta útil distinguir un negocio dedicado a ejecutar trabajos de construcción de otro que, además, comercializa inmuebles o interviene en las operaciones inmobiliarias señaladas.
No recibir el dinero en la cuenta no excluye la obligación
La DGII precisa que la clasificación opera independientemente de que la empresa reciba en sus cuentas valores procedentes de esas operaciones. Por tanto, una constructora no puede concluir que queda fuera del régimen únicamente porque el comprador paga a otra entidad, a un fideicomiso o directamente al vendedor. El punto relevante del aviso es la intervención en la actividad identificada. El recorrido de los fondos debe documentarse, pero no reemplaza el análisis de la función que desempeña la empresa.
Qué hacer si la empresa no realiza esas actividades
El aviso invita a quienes no realizan las actividades señaladas a actualizar el Registro Nacional de Contribuyentes para ser excluidos como sujetos obligados. También advierte que, si la empresa mantiene esas actividades dentro de su objeto social, deberá cumplir con el marco vigente de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Ambas precisiones deben revisarse conjuntamente: no conviene limitarse a una afirmación verbal de inactividad ni modificar un dato aislado sin contrastar estatutos, registro y operaciones efectivas. La procedencia de la exclusión debe gestionarse ante la DGII.
Por qué los bancos pueden pedir documentación
El documento explica que esta condición es el criterio que verifican las entidades financieras y otras instituciones al solicitar documentación o aplicar debida diligencia. Una discrepancia entre la clasificación tributaria y la actividad que la empresa comunica al banco puede requerir aclaraciones y soportes adicionales. Como medida práctica, conviene conservar la documentación que describa la actividad, las solicitudes de actualización y las respuestas oficiales. Gestionar una revisión del RNC no implica que la clasificación ya haya cambiado ni dispensa de atender los requerimientos aplicables mientras se resuelve.
Responsabilidad de cumplimiento y asesoría adecuada
La DGII recuerda que el cumplimiento de esta normativa es una responsabilidad indelegable y que las constructoras que ostenten la calidad de sujetos obligados quedan bajo su supervisión conforme a la Ley núm. 155-17. Contratar un asesor o un servicio externo puede ayudar a organizar la revisión, pero no elimina las responsabilidades de la empresa. Antes de pedir una exclusión o reducir controles, es recomendable que la administración, su abogado y el responsable de cumplimiento evalúen conjuntamente el objeto social, las operaciones inmobiliarias y los registros, dejando constancia de las razones y de la decisión administrativa obtenida.