Una sentencia favorable puede necesitar reconocimiento en otro Estado
Ganar un litigio no garantiza cobrar si el deudor y sus bienes están en otro país. El Convenio de La Haya del 2 de julio de 2019 sobre reconocimiento y ejecución de sentencias extranjeras en materia civil o comercial establece reglas para facilitar esa circulación entre Estados vinculados. Entró en vigor internacionalmente el 1 de septiembre de 2023 y ha ampliado su alcance: la tabla oficial registra entradas en vigor durante 2026 para Albania, Montenegro y Andorra. Su utilidad depende de comprobar la relación concreta entre el país de origen y el de ejecución.
No cubre todas las materias ni todo tipo de decisión
Los artículos 1 al 3 delimitan su alcance civil y comercial, con exclusiones importantes. Entre ellas figuran obligaciones alimentarias, diversas cuestiones de familia y sucesiones, insolvencia, privacidad, difamación y propiedad intelectual; tampoco comprende arbitraje y procedimientos relacionados. Además, una medida provisional de protección no es una sentencia a estos efectos. La palabra sentencia, por sí sola, no basta para aplicar el convenio. El abogado debe identificar el objeto real del procedimiento y la naturaleza de lo resuelto antes de elegir esta vía.
Qué vínculos permiten reconocer la decisión
El artículo 5 establece bases de reconocimiento, como determinados vínculos de residencia habitual, establecimiento, consentimiento o cumplimiento de obligaciones contractuales. No se exige necesariamente que todos concurran, pero sí que se configure una base aplicable, con las reglas especiales correspondientes. El artículo 6 reserva las sentencias sobre derechos reales inmobiliarios al Estado donde está situado el inmueble. De este modo, el convenio no convierte cualquier decisión de cualquier tribunal en ejecutable universalmente ni permite ignorar la conexión exigida entre la controversia y el Estado de origen.
No se repite el juicio, pero existen causas de denegación
El artículo 4 excluye una revisión del fondo, aunque permite las comprobaciones necesarias para aplicar el convenio. El artículo 7 contempla causas de rechazo, incluidas determinadas deficiencias de notificación, fraude, incompatibilidad manifiesta con el orden público y conflictos con otras sentencias. La decisión también debe producir efectos o ser ejecutable en el Estado de origen según lo que se solicite. El sistema pretende reducir obstáculos, preservando garantías procesales; no obliga a ejecutar una condena sin examinar los requisitos y las defensas admitidas.
Estados vinculados y fechas: una comprobación indispensable
La tabla oficial de la HCCH, consultada al 12 de noviembre de 2026, no incluye a República Dominicana entre los Estados contratantes. Por ello, el convenio no puede presentarse como sustituto automático del procedimiento dominicano de reconocimiento de sentencias extranjeras. Además, el artículo 16 exige que el convenio tuviera efectos entre los Estados concernidos cuando se inició el procedimiento de origen. Incluso entre países que hoy están vinculados, una sentencia derivada de un litigio anterior puede quedar fuera de su ámbito temporal; deben revisarse también declaraciones y demás condiciones pertinentes.
Cómo preparar una estrategia de cobro internacional
El artículo 12 exige documentos como copia completa y certificada de la sentencia, prueba de notificación en ciertos casos de rebeldía y soportes de sus efectos o ejecutoriedad. Antes de iniciar gestiones, conviene localizar bienes, identificar el país de ejecución y revisar plazos, traducciones, costos y reglas procesales. Si el convenio no es aplicable, deben examinarse los tratados y las vías internas disponibles, sin concluir por ello que el reconocimiento es imposible. Una evaluación temprana permite escoger dónde litigar y cómo documentar el proceso para que una victoria judicial tenga posibilidades reales de hacerse efectiva.
Carlos Felipe B.Socio director y fundador
