La población civil está protegida durante el conflicto
Atacar deliberadamente a civiles que no participan directamente en las hostilidades está prohibido. La protección no depende de su nacionalidad, religión o afinidad política. Los civiles pierden la protección frente al ataque directo únicamente mientras participan directamente en las hostilidades; esa excepción no elimina las demás garantías aplicables. La presencia de combatientes entre la población tampoco convierte automáticamente a toda una comunidad en objetivo militar.
Qué normas se aplican
El marco depende de si el conflicto es internacional o no internacional y de los tratados aplicables. En conflictos internacionales, el Protocolo adicional I desarrolla los principios de distinción, protección de civiles y precauciones, especialmente en sus artículos 48, 51, 52 y 57. Para conflictos no internacionales, el artículo 13 del Protocolo adicional II protege a la población civil cuando ese tratado resulta aplicable. También rigen normas consuetudinarias que obligan tanto a Estados como a grupos armados.
También están prohibidos los ataques indiscriminados y desproporcionados
No basta con afirmar que existe un objetivo militar: debe distinguirse de los civiles y bienes civiles, y deben adoptarse precauciones factibles para evitar o reducir el daño incidental. Los artículos 51 y 57 del Protocolo I prohíben ataques indiscriminados y daños civiles previsibles excesivos respecto de la ventaja militar concreta y directa prevista. Si aparece ese riesgo, corresponde cancelar o suspender el ataque. El uso ilícito de escudos humanos por una parte no libera a la otra de estas obligaciones.
Cuándo puede existir un crimen internacional
Los artículos 8.2.b.i y 8.2.e.i del Estatuto de Roma tipifican ataques intencionales contra civiles en conflictos internacionales y no internacionales, respectivamente. El artículo 8.2.b.iv contempla, en conflictos internacionales, determinados ataques lanzados a sabiendas de que causarán daños incidentales manifiestamente excesivos. Si concurren sus requisitos propios, ciertos hechos también pueden constituir crímenes de lesa humanidad conforme al artículo 7. La existencia de víctimas civiles exige investigación, pero no demuestra por sí sola todos los elementos de un crimen.
Quién puede responder por los hechos
La responsabilidad penal es individual. Conforme a los artículos 25 y 28 del Estatuto de Roma, pueden responder quienes cometen, ordenan o contribuyen al crimen y, bajo condiciones específicas, mandos o superiores que incumplen sus deberes respecto de subordinados. No basta el rango para presumir culpabilidad: deben probarse los elementos de la modalidad de responsabilidad invocada. También pueden intervenir tribunales nacionales; la competencia de la Corte Penal Internacional exige verificar los requisitos territoriales, personales, temporales y de admisibilidad correspondientes.
Qué sanciones y reparaciones pueden imponerse
Ante la Corte Penal Internacional, el artículo 77 prevé prisión por un período determinado de hasta 30 años o prisión perpetua cuando lo justifiquen la extrema gravedad del crimen y las circunstancias individuales del condenado. Además, pueden imponerse multas y decomiso de bienes derivados del crimen. El artículo 75 permite ordenar reparaciones a las víctimas, incluidas restitución, indemnización y rehabilitación. Son consecuencias de una condena mediante el proceso correspondiente; las penas ante tribunales nacionales dependen de su legislación. Fuente: Estatuto de Roma, artículos 75 y 77.
Carlos Felipe B.Socio director y fundador
