Tratado de Alta Mar: qué protege el Acuerdo BBNJ y qué significa para República Dominicana

Escrito por Carlos Felipe3 min de lectura

Arrecife de coral como ilustración de la biodiversidad marina

Un acuerdo que ya entró en vigor

El Acuerdo sobre la conservación y el uso sostenible de la diversidad biológica marina de las zonas situadas fuera de la jurisdicción nacional, conocido como BBNJ o Tratado de Alta Mar, entró en vigor internacionalmente el 17 de enero de 2026. El registro oficial de Naciones Unidas consigna que República Dominicana lo firmó el 20 de septiembre de 2023 y depositó su ratificación el 24 de marzo de 2026. Es una novedad relevante para un Estado insular, aunque su objeto no se limita al mar que rodea inmediatamente sus costas.

Qué espacios y recursos comprende

El texto íntegro del Acuerdo BBNJ se refiere a la biodiversidad de las zonas situadas fuera de la jurisdicción nacional, que comprenden la alta mar y la Zona de los fondos marinos internacionales según sus definiciones. No convierte las aguas territoriales de los Estados en un espacio bajo administración global ni elimina sus competencias costeras. El acuerdo se integra en el marco de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar y debe aplicarse procurando coherencia con otros instrumentos y organismos pertinentes, sin socavar sus competencias.

Cuatro pilares para la protección marina

Su estructura aborda los recursos genéticos marinos y el reparto de beneficios, las herramientas de gestión por áreas —incluidas áreas marinas protegidas—, las evaluaciones de impacto ambiental y el fortalecimiento de capacidades y transferencia de tecnología marina. Cada componente responde a un problema diferente: cómo utilizar recursos biológicos, cómo conservar lugares relevantes, cómo anticipar impactos y cómo permitir una participación efectiva de países con distintas capacidades. La entrada en vigor establece el marco jurídico, pero no significa que toda zona de alta mar se haya convertido automáticamente en un área protegida.

Las actividades deben evaluarse bajo las condiciones del acuerdo

La parte IV regula las evaluaciones de impacto ambiental para las actividades comprendidas en sus supuestos. Contempla procedimientos de selección, evaluación y publicidad de información, con participación y seguimiento conforme al texto. El objetivo es examinar riesgos antes de autorizar actividades relevantes, en vez de esperar a que el daño ocurra. Esto no equivale a una prohibición universal de toda investigación o aprovechamiento marino: el alcance depende de la actividad, sus efectos potenciales, la jurisdicción o control del Estado correspondiente y las reglas de coordinación aplicables.

Qué implica la ratificación dominicana

Para República Dominicana, el depósito del instrumento expresa su consentimiento internacional en obligarse por el acuerdo. El artículo 68 distingue la entrada en vigor general de la que corresponde a Estados que se incorporan después del sexagésimo depósito, para los que prevé treinta días desde su propio depósito, sujeto a la regla general. Su aplicación requiere atender las obligaciones del tratado y las medidas institucionales y normativas pertinentes. No atribuye por sí sola derechos exclusivos dominicanos sobre recursos de alta mar ni permite confundir esa participación con una ampliación de sus fronteras marítimas.

Por qué interesa a universidades, empresas y ciudadanos

El BBNJ puede incidir en investigación marina, acceso a información, conservación y cooperación científica. Universidades y operadores deben identificar si sus proyectos involucran recursos o actividades dentro de su alcance y qué obligaciones de comunicación, evaluación o cooperación corresponden. Para la ciudadanía, ofrece un marco para comprender que la protección oceánica también depende de decisiones adoptadas más allá de las aguas nacionales. La ONU anunció la primera reunión de la Conferencia de las Partes para enero de 2027; esa etapa institucional debe distinguirse de las obligaciones y procedimientos ya previstos en el acuerdo.

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