La propiedad del arma no es el elemento decisivo
Una persona puede responder penalmente por el porte ilegal de un arma aunque no sea su propietaria. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia explicó que lo relevante es su disponibilidad material, dentro de una conducta prohibida por la ley y sin la autorización correspondiente. El criterio aparece en el considerando 22 de la sentencia núm. 8, del 31 de mayo de 2021, Boletín Judicial núm. 1326. Por ello, afirmar que el arma pertenece a un amigo o a un familiar no descarta por sí solo la infracción: debe examinarse si la persona tenía efectivamente su control y si concurrían los demás elementos del delito.
Qué ocurrió en el caso decidido por la Suprema Corte
El expediente involucraba un arma de fabricación casera, conocida como “chilena”, que contenía una cápsula de revólver calibre .38. La condena de primera instancia incluía tentativa de robo y porte ilegal de armas. La corte de apelación excluyó la tentativa de robo, pero mantuvo la responsabilidad por el arma y la pena de cinco años. Al examinar el recurso, la SCJ rechazó los argumentos del imputado y confirmó la decisión impugnada. Estos antecedentes, recogidos en la sentencia íntegra, ayudan a entender que la infracción sobre armas fue examinada de manera autónoma, aunque no prosperara la atribución del otro delito.
Qué significa tener disponibilidad material
La disponibilidad material alude al dominio o control efectivo del arma y se distingue de la titularidad jurídica sobre ella. Portar un arma ajena no queda autorizado por el simple consentimiento de su dueño, ni una factura a nombre de otra persona elimina lo que se haya probado sobre quién la llevaba. Al mismo tiempo, el criterio no permite deducir culpabilidad únicamente porque alguien estuviera cerca de un arma o compartiera un vehículo o una vivienda donde fue encontrada. Esa conclusión exige pruebas que vinculen a la persona con la conducta imputada. El artículo 69.3 de la Constitución garantiza la presunción de inocencia hasta que la culpabilidad se establezca mediante sentencia irrevocable; el control material debe demostrarse en el proceso.
¿Es necesario disparar o utilizar el arma en otro delito?
Según el considerando 22 del fallo, el porte ilegal es un delito de mera actividad, permanente y de peligro abstracto. En términos sencillos, su configuración no exige probar una lesión o un disparo: la ley sanciona la conducta de porte no autorizado por el riesgo que representa para la seguridad colectiva. La permanencia describe la continuidad de esa situación mientras subsista la conducta ilícita. Por eso, la frase “nunca la utilicé” no basta por sí sola para descartar responsabilidad. Esto no libera a la acusación de probar los elementos legales ni permite equiparar cualquier contacto accidental con el arma a un porte penalmente acreditado.
Tenencia y portación: las normas aplicables
La Ley núm. 631-16, para el Control y Regulación de Armas, Municiones y Materiales Relacionados, regula estas conductas. Su artículo 66 tipifica la tenencia ilegal y su artículo 67 se refiere a la portación y uso ilegal, incluyendo el supuesto de transportar consigo los objetos contemplados por la norma sin la licencia respectiva. La propiedad, la tenencia y el porte son cuestiones que deben distinguirse al analizar el caso y la autorización exigible. Asimismo, que una persona esté autorizada respecto de un arma no demuestra que un tercero tenga autorización para llevarla. El análisis debe precisar la conducta atribuida, el tipo de arma y las condiciones legales de la licencia, cuando corresponda.
Qué penas contempla la Ley núm. 631-16
Los artículos 66 y 67 del texto de la Ley núm. 631-16 publicado por el Ministerio de Interior y Policía contemplan, en sus disposiciones principales, de tres a cinco años de privación de libertad cuando se trate de armas de fuego de uso civil y de seis meses a dos años en los demás casos allí previstos, junto con el decomiso y una multa de veinticinco a cincuenta salarios mínimos del sector público. La calificación del objeto y los hechos es indispensable para determinar el supuesto aplicable: no existe una pena única para cualquier situación relacionada con armas. La propia ley contiene hipótesis adicionales y agravantes; por tanto, esas escalas no deben extrapolarse sin estudiar el caso concreto y la legislación aplicable al momento de los hechos.
Las armas de fabricación casera también fueron examinadas
La defensa discutió si el arma artesanal del expediente encajaba en las disposiciones aplicadas. La Segunda Sala examinó las definiciones de arma de fuego y fabricación ilícita, así como el objeto de la Ley núm. 631-16, y concluyó que la fabricación casera no excluía la responsabilidad penal. En los considerandos 23 a 28 valoró tanto el artefacto como la cápsula que contenía y mantuvo la condena de cinco años. El alcance de este razonamiento debe atribuirse al fallo y a sus circunstancias: no autoriza a calificar cualquier objeto como arma de fuego sin el soporte probatorio necesario ni a imponer automáticamente esa pena a toda persona investigada.
Qué hacer si le atribuyen el porte de un arma ajena
La defensa debe revisar cómo ocurrió la ocupación, el lugar donde estaba el arma, quién tenía su control, las actas, los testimonios, la documentación sobre autorizaciones y los elementos técnicos que permitan identificar el objeto. Son cuestiones relevantes para comprobar o controvertir los hechos y la calificación jurídica; ninguna sustituye a las demás por sí sola. Conviene solicitar asistencia de un abogado desde el inicio y ejercer los derechos reconocidos en el artículo 69 de la Constitución, incluida la defensa y la exclusión de las pruebas obtenidas en violación de la ley. La enseñanza de esta sentencia es concreta: la ausencia de propiedad no elimina un porte ilegal probado, pero toda condena requiere demostrar la responsabilidad individual con respeto al debido proceso.
Carlos Felipe B.Socio director y fundador
