Carlos Felipe B.Socio director y fundador
Los certificados médicos pueden producir efectos importantes en procedimientos laborales, administrativos, judiciales y penales. Precisamente por esa capacidad de acreditar oficialmente una condición de salud, el nuevo Código Penal dominicano sanciona tanto al médico que expide deliberadamente un certificado falso como a quien posteriormente hace uso fraudulento de ese documento.
El artículo 354 fue modificado por la Ley núm. 44-26. Aunque la infracción básica y sus penas permanecen esencialmente iguales, la reforma modifica uno de los supuestos agravados y delimita con mayor precisión quién puede quedar sometido a esa agravación.
¿Qué constituye una certificación falsa de estado de salud?
El artículo 354 establece que incurre en esta infracción el médico que expida un certificado falso acerca de la existencia o inexistencia, presente o pasada, de una enfermedad o lesión de una persona.
También queda comprendida la falsedad relativa a la causa de muerte.
Por tanto, el contenido falso puede referirse tanto a una persona viva como a circunstancias relacionadas con su fallecimiento.
La sanción prevista es de uno a dos años de prisión menor y multa de tres a seis salarios mínimos del sector público.
¿Solo responde el médico que lo expide?
No.
El propio artículo establece la misma sanción para la persona que haga uso fraudulento del certificado.
Esta distinción es especialmente importante.
Una persona puede no haber participado en la elaboración del documento y, sin embargo, comprometer su responsabilidad si conoce su falsedad y decide utilizarlo fraudulentamente.
La norma, por tanto, protege no solamente frente a la fabricación del certificado falso, sino también frente a su utilización posterior.
Un ejemplo práctico
Supongamos que una persona obtiene un certificado médico que afirma falsamente que padecía una determinada enfermedad durante varios días y posteriormente utiliza ese documento para obtener una ventaja que no le corresponde.
El análisis penal podría abarcar dos conductas distintas.
Por una parte, la actuación del médico que expidió conscientemente el certificado falso.
Por otra, el uso fraudulento que haga del documento quien lo presente.
El artículo 354 atribuye expresamente consecuencias a ambas conductas.
¿Qué ocurre si el certificado provoca consecuencias más graves?
El propio artículo contempla circunstancias agravantes.
En esos casos, la pena aumenta a dos a tres años de prisión menor y multa de nueve a quince salarios mínimos del sector público.
Uno de los supuestos ocurre cuando, como consecuencia del certificado falso, una persona sana termina recluida en un hospital o centro de salud mental.
También se contempla el supuesto en que, mediante ese certificado, alguien resulte eximido de responsabilidad penal por una infracción cometida.
Aquí la falsedad deja de ser simplemente documental y produce consecuencias particularmente graves sobre otra persona o sobre la administración de justicia.
¿Qué cambió respecto de los profesionales de la medicina?
Este es uno de los cambios concretos introducidos por la Ley 44-26.
La versión original del artículo 354 disponía que la agravación se aplicaba cuando quien cometía el hecho era un “médico forense u otro profesional de la medicina, en el ejercicio de sus funciones, que presta servicios en el sector público”.
La nueva redacción es más específica.
Ahora el numeral 1 se refiere únicamente al “médico forense en el ejercicio de sus funciones”.
Por tanto, la reforma elimina de este supuesto agravado la referencia general a “otro profesional de la medicina” que preste servicios en el sector público.
¿Significa esto que otro médico puede emitir certificados falsos sin responsabilidad?
No.
La modificación debe interpretarse correctamente.
El tipo básico continúa sancionando al médico que expida un certificado falso, independientemente de que sea o no médico forense.
Lo que cambia es uno de los supuestos de agravación.
La condición de médico forense en ejercicio de sus funciones continúa produciendo una pena superior, mientras que la fórmula más amplia que incluía a otros profesionales de la medicina del sector público desaparece del numeral reformado.
¿Por qué importa la condición de médico forense?
El documento fuente confirma el cambio normativo, pero no explica dentro del propio artículo la razón legislativa específica para esta diferenciación.
Lo que sí puede observarse es que el nuevo texto concentra la agravante en una función especialmente vinculada con procedimientos judiciales y de investigación: la medicina forense.
Un certificado emitido en ese contexto puede tener incidencia directa en investigaciones, procesos judiciales, determinación de lesiones, causas de muerte u otras circunstancias jurídicamente relevantes.
Pero atribuir una finalidad legislativa más concreta requeriría acudir a los antecedentes de discusión de la reforma.
¿Qué ocurre si alguien altera un certificado verdadero?
El artículo 354 se refiere específicamente a la expedición de un certificado falso y a su uso fraudulento.
El mismo Código contiene, además, disposiciones generales sobre falsedad documental. Por ejemplo, el artículo 350 sanciona la falsedad que recaiga sobre documentos o soportes de determinadas características públicas o auténticas.
Por ello, cuando exista manipulación, alteración o fabricación documental, será necesario estudiar los hechos concretos para determinar cuál disposición resulta aplicable.
No debe asumirse automáticamente que cualquier fraude relacionado con un certificado médico se agota necesariamente en el artículo 354.
¿Puede utilizarse un certificado falso para evitar responsabilidad penal?
La propia norma contempla expresamente ese escenario.
Cuando como consecuencia de la expedición del certificado falso una persona resulta eximida de responsabilidad penal por una infracción cometida, la conducta entra dentro del régimen agravado.
Esto puede tener una especial importancia en situaciones en las que se intenta utilizar una supuesta condición médica como mecanismo para impedir o alterar las consecuencias de un procedimiento penal.
El legislador considera ese resultado suficientemente grave para aumentar la pena.
¿Qué cambió realmente con la Ley 44-26?
En este artículo, la reforma es puntual.
La conducta básica permanece: falsificar mediante certificación la existencia o inexistencia de una enfermedad o lesión, o la causa de muerte, continúa sancionándose con uno a dos años de prisión menor y multa de tres a seis salarios mínimos. También permanece la responsabilidad de quien utilice fraudulentamente el certificado.
La modificación principal está en la primera circunstancia agravante.
Antes comprendía al médico forense y a otros profesionales de la medicina que prestaran servicios en el sector público. Ahora el texto se limita al médico forense en ejercicio de sus funciones.
Es un cambio pequeño en extensión, pero relevante desde el punto de vista del principio de legalidad penal: la identificación exacta de quién queda comprendido dentro de una agravante puede modificar sustancialmente la pena aplicable.
En materia penal, una palabra eliminada o añadida puede transformar el alcance de una disposición. El artículo 354 es precisamente un buen ejemplo de ello.