El TC la ha ordenado, pero su fundamento debe precisarse
El Tribunal Constitucional dominicano ha dispuesto órdenes de conducencia para obtener una comparecencia. Sin embargo, que una medida se haya dictado no resuelve por sí solo toda discusión sobre su habilitación y sus límites. La conducencia implica llevar a una persona ante el tribunal mediante la autoridad pública; por afectar su libertad, exige examinar el procedimiento, la condición en que fue citada y la norma que sustenta la coerción.
El caso anunciado el 26 de octubre de 2026
En un comunicado oficial, el TC informó que ordenó la conducencia de la fiscal titular de Duarte, Smaily Rodríguez, tras su incomparecencia a una audiencia de revisión de sentencia de amparo, pese a estar citada. Dispuso su presentación para el 30 de octubre y la notificación a la procuradora general para la ejecución. El expediente indicado es TC-05-2023-0240. La nota acredita el anuncio de la medida, pero no sustituye la motivación jurídica de la orden.
Qué establece expresamente la Ley 137-11
El artículo 101 de la Ley 137-11 permite al TC convocar una audiencia pública cuando la considere necesaria para sustanciar mejor el recurso de revisión de amparo. Esa disposición no menciona expresamente la conducencia. El artículo 87 reconoce amplios poderes de instrucción al juez de amparo y contempla consecuencias frente a la negativa a aportar pruebas, pero tampoco contiene una autorización expresa de conducencia personal. No deben presentarse esas facultades como una habilitación automática para cualquier traslado forzoso.
La incomparecencia y la supletoriedad requieren análisis
El artículo 81.3 establece, para la audiencia de amparo, que la ausencia de una parte legalmente citada no suspende el procedimiento. Por su parte, el artículo 7.12 prevé la aplicación supletoria de principios y, subsidiariamente, de normas procesales afines compatibles. Por tanto, si se invoca otra regulación para justificar una conducencia, debe identificarse y explicarse su pertinencia. La condición de parte, testigo o funcionario requerido importa; no puede trasladarse indistintamente una regla prevista para un supuesto diferente.
La libertad y el debido proceso limitan la medida
El artículo 40.1 de la Constitución exige, salvo flagrancia, orden motivada y escrita de juez competente para restringir la libertad en los términos que establece. El artículo 69 protege el debido proceso y extiende sus garantías a las actuaciones judiciales y administrativas. La necesidad de esclarecer un caso debe armonizarse con esas exigencias: competencia, fundamento, motivación y respeto a los derechos de la persona. La conducencia no equivale por sí misma a una condena ni autoriza una detención indefinida.
La respuesta exige revisar la orden concreta
Puede afirmarse que el TC ha utilizado la conducencia en la práctica, como muestra el caso de octubre de 2026. Para concluir si una orden específica está jurídicamente justificada deben revisarse su texto, la citación, la finalidad y la norma aplicada. El artículo 101 habilita la audiencia, no establece expresamente una potestad general de conducencia. Una evaluación rigurosa debe distinguir ese texto de las interpretaciones sobre poderes de instrucción y supletoriedad, sin convertir la incomparecencia en autorización automática para restringir la libertad.
Carlos Felipe B.Socio director y fundador
