Carlos Felipe B.Socio director y fundador
Un reglamento adecuado al Código Procesal Penal vigente
La Suprema Corte de Justicia dictó la Resolución núm. 95-2026, del 17 de septiembre de 2026, que actualiza la Resolución 30-2025, mediante la cual se había modificado el reglamento del juez de ejecución de la pena. El propósito es adecuarlo a la Ley núm. 97-25, orgánica que instituye el Código Procesal Penal. La novedad fue difundida institucionalmente el 29 de octubre. Es importante distinguir ambas fechas y reconocer que la resolución actualiza un régimen existente: no todos los procedimientos que recoge nacen con ella ni implican una liberación automática de las personas condenadas.
Qué controla el juez durante el cumplimiento de la condena
La ejecución de una sentencia penal está sometida a control judicial. El reglamento desarrolla la intervención del juez encargado de supervisar el cumplimiento de las condenas y de resolver las cuestiones que se presenten en esa etapa, junto con la protección de los derechos fundamentales de las personas privadas de libertad. Sus considerandos remiten a los artículos 76 y 454 de la Ley núm. 97-25. La existencia de una condena no elimina los derechos que subsisten durante su cumplimiento, pero las peticiones deben tramitarse y resolverse conforme a la ley y a las competencias establecidas en la resolución completa.
Cómo se apodera el juez de ejecución
El artículo 8 vincula el apoderamiento con la sentencia firme y la certificación de su carácter irrevocable. El secretario debe incorporar esa certificación al expediente electrónico y comprobar la documentación procesal relevante, especialmente la relacionada con la libertad, las medidas de coerción y las notificaciones. Por ello, para comprender la situación de una persona no basta con conocer la pena impuesta: hay que verificar la firmeza y el estado del expediente. El artículo 8 del reglamento contiene también reglas especiales que deben examinarse en su contexto, sin deducir que cualquier sentencia recurrida puede ejecutarse del mismo modo que una irrevocable.
Por qué el cómputo de la pena requiere una revisión documental
El artículo 9 regula el cómputo y dispone considerar los períodos y circunstancias pertinentes, incluida la privación de libertad desde el arresto o bajo arresto domiciliario. Su finalidad es precisar cuándo termina la condena y desde qué momento pueden solicitarse la libertad condicional y los permisos de salida. El cómputo puede reformarse, incluso de oficio, cuando nuevas circunstancias lo hagan necesario, mediante decisión motivada. La resolución no debe leerse como una regla de descuento automático de cualquier período en libertad: el juez debe determinar el tratamiento jurídico de cada intervalo y las circunstancias que efectivamente influyen en la duración de la pena.
Cómo se plantean quejas, peticiones e incidentes
El artículo 11 desarrolla la tramitación de las cuestiones surgidas de la ejecución y extinción de la pena conforme al artículo 459 del Código Procesal Penal. Reconoce la posibilidad de promover incidentes a la persona condenada o a cualquier persona en su favor, con un criterio de simplicidad que permite incluso una presentación oral que el juez debe documentar. El reglamento también contempla la intervención de los demás sujetos habilitados. Una petición debe identificar el problema y los elementos que permitan resolverlo; acudir al juez no significa obtener automáticamente lo solicitado. Los detalles del procedimiento están en el artículo 11 de la Resolución 95-2026.
Condiciones especiales de cumplimiento
El artículo 12 contempla un régimen especial para determinados supuestos: personas condenadas que sobrepasen setenta años, enfermedad terminal o demencia sobreviniente, embarazo o lactancia y adicción a drogas o alcohol, conforme al artículo 348 del Código Procesal Penal. Según las circunstancias y la decisión correspondiente, el cumplimiento puede producirse parcial o totalmente en un domicilio o en un centro apropiado de salud, bajo control judicial. El reglamento exige analizar las condiciones concretas; no establece una excarcelación automática por mencionar una enfermedad, una edad o una situación familiar sin su acreditación y evaluación jurídica.
Qué documentos conviene revisar con la defensa
Antes de solicitar una medida o discutir el cómputo, es útil reunir la sentencia íntegra, las notificaciones, la certificación de irrevocabilidad cuando corresponda, los registros de arresto e ingreso y las decisiones sobre medidas de coerción. Si la petición se basa en salud u otra condición especial, debe acompañarse de documentación pertinente y actualizada. La defensa puede contrastar esos elementos con la Resolución 95-2026 y el Código Procesal Penal para identificar la solicitud y el órgano competentes. Esa revisión permite plantear una petición concreta y verificar tanto los derechos del condenado como las condiciones legales de su cumplimiento.