Una nueva norma internacional
La Organización Internacional del Trabajo adoptó el 12 de junio de 2026 el Convenio 193 sobre trabajo decente en la economía de plataformas. El instrumento coloca en el centro del debate internacional las condiciones de quienes obtienen o realizan trabajo mediante plataformas digitales. Sin embargo, al 12 de noviembre de 2026, el registro de la OIT no muestra ratificaciones y el convenio todavía no está en vigor.
El contrato no resuelve por sí solo la clasificación
Uno de los puntos relevantes del Convenio 193 es su artículo 9: la determinación de la existencia de una relación de trabajo debe orientarse por los hechos relativos a la ejecución del trabajo y la remuneración, y no únicamente por el nombre del contrato. Esto no convierte automáticamente a toda persona que usa una aplicación en asalariada; exige examinar la realidad de la actividad bajo el marco jurídico aplicable.
Remuneración y protección social
La explicación oficial de la OIT destaca que el convenio aborda la remuneración y el pago, la protección social y el acceso a la justicia, entre otros temas. Para el debate dominicano, estos asuntos son relevantes tanto en los servicios presenciales, como el reparto, como en otras actividades intermediadas digitalmente. La transparencia sobre pagos y condiciones ayuda a identificar qué recibe realmente la persona y cuáles costos asume al realizar el servicio.
Decisiones automatizadas y desactivación
El nuevo instrumento también atiende los efectos de los sistemas automatizados de decisión y supervisión, la privacidad y las condiciones de suspensión o terminación del acceso a la plataforma. Una calificación o una decisión informática puede afectar directamente la posibilidad de obtener ingresos. Por ello, comprender qué decisión se adoptó, qué información la sustentó y qué mecanismo permite cuestionarla resulta central. La tecnología utilizada no elimina la necesidad de reglas comprensibles y de vías de revisión.
Lo que significa para República Dominicana
La adopción por la conferencia internacional y la ratificación por un Estado son actos diferentes. República Dominicana no figura como ratificante al momento de esta publicación. Además, el artículo 27 establece las condiciones de entrada en vigor internacional y para los Estados que lo ratifiquen. En consecuencia, no corresponde presentar todas sus disposiciones como obligaciones nuevas ya exigibles a cualquier plataforma en el país: la solución actual de un conflicto continúa requiriendo el examen del derecho dominicano aplicable.
Qué pueden revisar trabajadores y empresas
Mientras se desarrolla el proceso internacional, es útil conservar versiones de contratos, registros de pagos, comunicaciones de suspensión y mecanismos de reclamación. Las empresas pueden revisar si sus condiciones describen con claridad la remuneración, el uso de datos y las vías de impugnación. Los trabajadores pueden documentar cómo se organiza realmente la prestación. Estas medidas permiten discutir el caso con pruebas y anticipar cambios regulatorios, sin confundir una norma internacional recién adoptada con una ley dominicana automáticamente incorporada.
Carlos Felipe B.Socio director y fundador
