Una transferencia no elimina por sí sola las deudas
Una empresa puede realizar ventas o reorganizaciones legítimas, pero trasladar activos con finalidad fraudulenta para frustrar a sus acreedores puede ser impugnado y generar responsabilidades. Deben examinarse el precio real, la contraprestación, el destino de los fondos y el efecto sobre la solvencia. Que las sociedades tengan dueños distintos o un contrato firmado no resuelve por sí solo la legalidad de la operación.
El acreedor puede impugnar actos fraudulentos
El artículo 1167 del Código Civil reconoce a los acreedores la posibilidad de impugnar en su nombre actos ejecutados por el deudor en fraude de sus derechos. Esta vía exige acreditar los presupuestos aplicables al caso. No autoriza a tratar como inválida cualquier operación posterior al nacimiento de una deuda, ni permite recuperar un bien sin seguir el procedimiento correspondiente.
La personalidad societaria tampoco ampara el fraude
El artículo 12 de la Ley 479-08 permite prescindir de la personalidad jurídica cuando se utiliza en los supuestos fraudulentos que regula, exigiendo prueba fehaciente. La consecuencia se refiere al caso concreto y debe respetar a terceros de buena fe. La vinculación entre empresas puede ser relevante para investigar, pero no basta por sí sola para desconocer automáticamente sus patrimonios separados.
Qué hechos conviene investigar
Son relevantes la cercanía temporal con cobros, ventas sin pago acreditado, precios injustificados y continuidad de uso de activos después de aparentar su transferencia. Cada indicio debe contrastarse con contratos, contabilidad y movimientos reales. No toda operación entre vinculadas es ilícita. Una reorganización debe poder explicar su razón económica y cómo se protegen las obligaciones existentes, sin simulaciones ni ocultamiento de información.
Pueden existir consecuencias adicionales según los hechos
Además de las acciones civiles o societarias, pueden entrar en juego responsabilidad de administradores y reglas especiales de insolvencia o infracciones penales si se reúnen sus elementos. No debe calificarse toda venta perjudicial como bancarrota o estafa sin verificar la conducta y norma. Una crisis empresarial requiere atender los procedimientos legales correspondientes, en lugar de despatrimonializar informalmente a la entidad deudora.
Qué debe hacer la empresa o el acreedor
Antes de una transferencia relevante, documente autorizaciones, valoración, pago y efecto sobre acreedores. Si se reclama una maniobra fraudulenta, preserve documentos y evalúe oportunamente las acciones y medidas conservatorias que procedan. No existe una autorización general para embargar bienes de cualquier sociedad relacionada. La estrategia debe identificar la operación cuestionada, el perjuicio y la pretensión concreta que pueda sostenerse con pruebas.
Carlos Felipe B.Socio director y fundador
