¿Puede una inteligencia artificial celebrar un contrato internacional por una empresa?

Escrito por Carlos Felipe3 min de lectura

Robot como ilustración de los sistemas automatizados

La contratación ya puede producirse sin revisión humana de cada operación

Un sistema puede aceptar un pedido, ajustar un precio o ejecutar una operación comercial sin que una persona revise individualmente cada paso. La CNUDMI respondió a estos escenarios con su Ley Modelo sobre Contratación Automatizada, adoptada el 11 de julio de 2024. El texto y su guía de incorporación abordan el reconocimiento jurídico de contratos y actuaciones realizados mediante sistemas automatizados, incluidos los que utilizan inteligencia artificial. El problema jurídico no consiste en atribuir voluntad humana a la máquina, sino en determinar los efectos de las actuaciones del sistema dentro de una relación contractual.

La ausencia de revisión humana no invalida por sí sola el contrato

El artículo 5 establece reglas para que no se niegue validez o eficacia a la formación contractual únicamente porque ninguna persona física revisó o intervino en determinadas actuaciones del sistema. Esto no significa que cualquier resultado tecnológico sea válido: siguen siendo relevantes los requisitos del contrato y las normas imperativas. La ley modelo también contempla opciones legislativas respecto de la ejecución automatizada. Antes de invocar sus soluciones en un país concreto, debe comprobarse qué reglas ha incorporado efectivamente ese ordenamiento y qué ley gobierna la operación.

A quién se atribuye lo que hace el sistema

El artículo 7 parte del procedimiento acordado por las partes y, en su defecto, vincula la actuación a quien utiliza el sistema para ese propósito. También precisa que un resultado inesperado no basta, por sí solo, para negar la atribución. Debe distinguirse atribuir una actuación de declarar automáticamente responsabilidad por todos sus efectos: las consecuencias continúan sujetas a las reglas aplicables. Para una empresa, esta distinción importa al contratar software, configurar facultades y permitir que un proveedor tecnológico intervenga en compras, ventas o negociaciones.

Qué pasa si la IA produce un resultado inesperado

El artículo 8 es una disposición opcional para los Estados que decidan incorporar una solución específica. Examina supuestos en los que la actuación no podía razonablemente esperarse y la contraparte sabía o podía razonablemente saberlo, salvo los acuerdos pertinentes. No crea una regla universal que permita cancelar cualquier contrato alegando que la IA se equivocó. El caso exige valorar circunstancias, conocimiento de la contraparte, acuerdos y derecho aplicable. Tampoco debe confundirse esta cuestión con el simple error de una persona al introducir datos en una página web.

El código y la automatización no eliminan las obligaciones legales

El artículo 6 trata el reconocimiento del código informático y de información dinámica utilizada en la contratación. Los artículos 9 y 10 preservan, respectivamente, las exigencias legales de información y las consecuencias del incumplimiento: utilizar un sistema automatizado no debe servir como excusa suficiente para eludir la ley. Como medida práctica, conviene documentar los parámetros de actuación, límites económicos, cambios autorizados y registros de cada operación. La posibilidad técnica de ejecutar una transacción no resuelve por sí sola si fue autorizada, si cumplió las exigencias legales o qué reparación corresponde.

Una ley modelo no es un tratado ni una ley dominicana automática

La CNUDMI ofrece este texto como referencia para legisladores; no impone su contenido a República Dominicana por su mera adopción internacional. En una operación real deben determinarse la ley aplicable, la competencia judicial o arbitral, la capacidad de los participantes y las reglas sobre consentimiento y prueba. Para empresas que usan IA, es recomendable pactar cuándo el sistema puede comprometerlas, qué controles requieren los importes elevados y cómo se notifican y revisan incidentes. La innovación tecnológica facilita contratar, pero la organización de facultades y riesgos sigue siendo una decisión jurídica y empresarial.

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