Carlos Felipe B.Socio director y fundador
Una decisión sobre los límites de la casación
La Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia precisó, en la sentencia SCJ-TS-25-4307, del 18 de diciembre de 2025, que su función de unificar la jurisprudencia no comprende compatibilizar la doctrina de los tribunales del orden judicial con la del Tribunal Constitucional. El criterio aparece en el considerando 21 y debe leerse dentro del examen del interés casacional realizado en ese expediente. Para comprender su alcance hay que distinguir la misión de la Corte de Casación y la revisión constitucional de decisiones jurisdiccionales. Puede consultarse la sentencia íntegra en el Boletín Judicial oficial de diciembre de 2025, a partir de la página 10657.
¿Qué se discutía en el expediente?
El proceso enfrentaba a una compañía de transporte y al Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant). Después de una acción de amparo de cumplimiento y de una decisión que impuso una astreinte, la empresa solicitó su liquidación. La Segunda Sala del Tribunal Superior Administrativo rechazó esa solicitud mediante la sentencia núm. 0030-03-2025-SSEN-00252, del 5 de junio de 2025. La empresa recurrió en casación alegando una interpretación errónea del artículo 149 de la Constitución y violación de precedentes obligatorios del Tribunal Constitucional y del Tribunal Superior Administrativo. Estos antecedentes constan en los apartados 4 a 6 de la decisión; permiten apreciar que el pronunciamiento surgió de un litigio concreto sobre ejecución y liquidación de astreinte.
La función unificadora de la Suprema Corte
Los artículos 7, 8 y 9 de la Ley núm. 2-23 sobre Recurso de Casación regulan el objeto, el alcance y la función unificadora de este recurso extraordinario. La Corte de Casación controla la conformidad de la sentencia impugnada con las reglas de derecho y mantiene la uniformidad de la jurisprudencia nacional, dentro de su competencia. En el considerando 21 del fallo analizado, la Tercera Sala explica que esta labor comprende integrar lo decidido por la propia Suprema Corte, atender las divergencias de los tribunales del fondo e iniciar doctrina cuando resulte trascendente. Según su razonamiento, las soluciones así desarrolladas pueden ser sometidas posteriormente al control del Tribunal Constitucional por las vías legalmente previstas.
Qué exige el interés casacional objetivo
El artículo 10, numeral 3, de la Ley núm. 2-23 contempla tres supuestos de interés casacional: que la sentencia se oponga a la doctrina jurisprudencial de la Corte de Casación; que resuelva cuestiones sobre las que exista jurisprudencia contradictoria entre tribunales de segundo grado o entre salas de la propia Corte; o que aplique normas sin doctrina jurisprudencial de esa Corte y se justifique la trascendencia de crearla. En este caso, la Tercera Sala entendió que la recurrente no había explicado de manera puntual cómo sus medios encajaban en esas modalidades. La enseñanza práctica del considerando 19 es que invocar una infracción o enumerar precedentes no sustituye la argumentación exigida para justificar el acceso a la casación en el supuesto examinado.
Los precedentes constitucionales siguen siendo vinculantes
Este criterio debe interpretarse junto con el artículo 184 de la Constitución dominicana, que atribuye al Tribunal Constitucional la garantía de la supremacía constitucional, la defensa del orden constitucional y la protección de los derechos fundamentales, y establece el carácter vinculante de sus decisiones para los poderes públicos y todos los órganos del Estado. Por tanto, la delimitación de funciones expuesta por la SCJ no elimina esa obligación constitucional. Es necesario distinguir entre cumplir un precedente constitucional aplicable y pretender que el mecanismo de unificación propio de la casación asuma la función de revisión que corresponde al Tribunal Constitucional. La lectura conjunta de la norma y la sentencia evita presentar la decisión como una autorización general para desconocer al TC.
¿Qué vía existe ante la violación de un precedente del TC?
El artículo 53 de la Ley núm. 137-11, Orgánica del Tribunal Constitucional y de los Procedimientos Constitucionales, permite revisar determinadas decisiones jurisdiccionales que hayan adquirido autoridad de cosa irrevocablemente juzgada después del 26 de enero de 2010. Entre sus supuestos figura expresamente la violación de un precedente del Tribunal Constitucional. También comprende la declaración de inaplicabilidad de una norma por inconstitucionalidad y determinadas violaciones de derechos fundamentales, con los requisitos que la ley exige para cada supuesto. La revisión constitucional requiere justificar la causal correspondiente y cumplir sus condiciones procesales; no se activa automáticamente por el desacuerdo de una parte con el resultado del litigio.
Por qué la decisión fue de rechazo
Los considerandos 22 a 24 explican una precisión procesal relevante: en este expediente la Sala consideró inadmisibles los medios por falta de interés casacional, pero indicó que esa conclusión conducía al rechazo del recurso. Lo justificó señalando que el examen de los medios para verificar dicho interés había trascendido el umbral de la inadmisión del recurso. El dispositivo efectivamente rechazó la casación. Al reseñar la sentencia conviene conservar esa distinción y atribuirla a este fallo, sin convertirla en una regla automática para cualquier recurso o cualquier sala. El razonamiento y el dispositivo pueden leerse en las páginas finales de la sentencia.
Qué debe revisar una persona antes de recurrir
Quien considere que una sentencia desconoce un precedente constitucional debe obtener el fallo completo, identificar el criterio aplicable y explicar por qué guarda relación con los hechos y el problema jurídico de su proceso. Su abogado deberá determinar el recurso procedente, la necesidad de agotar las vías disponibles y los requisitos de admisibilidad, evitando confundir la casación con la revisión constitucional. El artículo 54 de la Ley núm. 137-11 regula el procedimiento de esta última y exige un escrito motivado depositado en la secretaría del tribunal que dictó la decisión recurrida, dentro del plazo legal contado desde su notificación. Revisar oportunamente la notificación y el expediente permite escoger la vía adecuada y fundamentar la reclamación con precisión.