
Mediante el convenio no.183 de la Organización Internacional de Trabajo (OIT) fue revisado el convenio sobre la protección de la maternidad. El artículo 4 de dicho acuerdo establece que toda mujer a la que se aplique este convenio tendrá derecho, mediante presentación de un certificado médico o de cualquier otro certificado apropiado, según lo determinen la legislación y la práctica nacionales, en el que se indique la fecha presunta del parto, a una licencia de maternidad de una duración de al menos catorce semanas.
Este convenio de la OIT fue ratificado por el Congreso Nacional mediante resolución no. 211-14, que fue publicada en la Gaceta Oficial no. 10761 del 9 de julio de 2014. A partir de esta publicación quedó modificado el artículo 236 del Código de Trabajo que indicaba que el período de descanso pre y post natal era solo de 12 semanas.
El convenio no. 183 ratifica y amplia otros derechos relacionados con la protección de la maternidad como son las licencias obligatorias en caso de enfermedad o complicaciones del embarazo y el derecho a la interrupción de la jornada de trabajo para lactar al recién nacido entre otras prerrogativas que ya nuestro código de trabajo recoge en el libro IV, título I que trata sobre la protección de la maternidad.
Un aspecto interesante relativo al derecho a licencias por enfermedades que tiene la trabajadora embarazada, lo constituye el contenido del artículo 5 de dicho convenio cuando establece que sobre la base de la presentación de un certificado médico, se deberá otorgar una licencia, antes o después del período de licencia de maternidad, en caso de enfermedad o si hay complicaciones o riesgo de que se produzcan complicaciones como consecuencia del embarazo o del parto. La naturaleza y la duración máxima de dicha licencia podrán ser estipuladas según lo determinen la legislación y la práctica nacionales.
Los artículos 241 y 242 del código de trabajo ya recogían la exigencia de la presentación de un certificado médico que acredite la condición de salud que justifica la licencia médica, sin embargo existen muchas distorsiones en el uso que le dan algunas trabajadoras a este derecho. Las más comunes consisten en no presentar el certificado médico o presentarlo con fechas distintas a las de la ausencia de la trabajadora. El hecho de que el convenio no. 183 ponga como condición para el otorgamiento de la licencia de la presentación de un certificado médico sirve de fundamento para que las autoridades del Ministerio de Trabajo y los propios tribunales laborales sean menos permisivos con las distorsiones o uso inadecuado de ese derecho que de forma cotidiana ejercen algunas trabajadoras en estado de gestación. De esta forma podrían autorizarse los despidos solicitados por los empleadores cuando las trabajadoras escudándose en su estado de embarazo deciden ausentarse de forma sistemática de su puesto de trabajo alegando enfermedades o complicaciones con el embarazo que nunca o casi nunca acreditan mediante el correspondiente certificado médico.
Otro aspecto que a la luz de este convenio debiera resolverse es el relativo a la controversia que existe en torno al derecho al descanso postnatal cuando se produce un aborto involuntario. Resulta que algunas jurisdicciones han reconocido en sentencias laborales el derecho de la mujer embarazada a disfrutar la totalidad del descanso post natal cuando ha sufrido un aborto. Este tipo de decisiones parece contravenir el espíritu y finalidad del descanso postnatal que está dirigido precisamente a otorgarle tiempo en cantidad y calidad suficiente a la madre para que atienda esa nueva vida. Al perderse el producto del embarazo la trabajadora debiera ser beneficiada por una licencia médica remunerada por el tiempo que un especialista de la medicina entienda necesario para su recuperación fisiológica y psicológica pero nunca ser beneficiada con las 14 semanas del descanso pre y post natal porque resulta irrazonable. Así lo han considerado otras legislaciones de países latinoamericanos como Colombia que expresamente establece un periodo menor de licencia para aquellas trabajadoras que desafortunadamente han perdido su embarazo.
El artículo 2 del referido convenio extiende el ámbito de aplicación del mismo a las relaciones de trabajo atípicas en condición de dependencia. Unido a esa disposición, el convenio no. 189 sobre el Trabajo Decente Para las Trabajadoras y Trabajadores Domésticos, ratificado por el Estado Dominicano en el año 2013, en su artículo 14 exige de los estados Miembros que ratifiquen dicho convenio deben dar un trato igualitario a los trabajadores domésticos con relación a la protección de la seguridad social incluyendo la protección de la maternidad.
Partiendo de este nuevo marco normativo resulta inminente la necesidad de una reforma del Código de Trabajo para eliminar el régimen particular de derechos y deberes consagrados en los artículos del 258 al 265 de este.
Finalmente, lo importante ahora es advertir que las trabajadoras en estado de gestación deben disfrutar de un periodo de descanso pre y post natal de 14 semanas y que incumplir de esta exigencia legal y obligar a estas trabajadoras a incorporarse a su puesto de trabajo a las 12 semanas como había sido previsto en el Código de Trabajo antes del convenio 183, constituye una infracción muy grave que conlleva pena de multa de 7 a 12 salarios mínimos y posibles indemnizaciones en favor de la trabajadora perjudicada con la medida.
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