Convención de la ONU contra la Ciberdelincuencia: qué cambiaría para investigar delitos entre países

Escrito por Carlos Felipe3 min de lectura

Teclado de computadora como ilustración de la cooperación contra la ciberdelincuencia

Una respuesta internacional a delitos que cruzan fronteras

Una estafa puede afectar a una víctima en República Dominicana, utilizar cuentas en otro Estado y dejar datos relevantes en servidores extranjeros. La Convención de las Naciones Unidas contra la Ciberdelincuencia, adoptada el 24 de diciembre de 2024, busca fortalecer la prevención, investigación y cooperación ante determinados delitos cometidos mediante tecnologías de la información, así como la transmisión de pruebas electrónicas de delitos graves. Su relevancia reside en la coordinación entre autoridades, además de las conductas que los Estados deberán abordar conforme al instrumento.

Su situación jurídica al 12 de noviembre de 2026

El registro oficial del depositario consigna la firma dominicana del 25 de octubre de 2025, sin ratificación dominicana registrada al 12 de noviembre de 2026. La Convención todavía no está en vigor internacionalmente: su artículo 65 exige noventa días desde el depósito del cuadragésimo instrumento de ratificación, aceptación, aprobación o adhesión. Por ello, las herramientas descritas deben explicarse como parte del régimen previsto y no como nuevas facultades que ya puedan ejercerse en República Dominicana únicamente por haber firmado el tratado.

Cooperación, preservación de datos y puntos de contacto

El texto contempla asistencia judicial y mecanismos para conservar información relevante antes de que se elimine. El artículo 41 prevé una red de puntos de contacto disponibles las veinticuatro horas, los siete días de la semana; el artículo 42 aborda la cooperación para la conservación rápida de datos electrónicos almacenados. Preservar información no equivale necesariamente a entregarla de inmediato: puede ser un paso destinado a evitar su pérdida mientras se tramita la solicitud que permita obtenerla conforme al derecho aplicable y las condiciones correspondientes.

El tratado también exige salvaguardias

El artículo 6 exige respetar las obligaciones internacionales de derechos humanos. El artículo 24 somete las facultades y procedimientos a condiciones y salvaguardias internas, con protección de derechos y proporcionalidad, incluyendo, cuando proceda, revisión judicial u otro examen independiente y recursos efectivos. La cooperación penal no puede presentarse como autorización ilimitada para acceder a conversaciones, vigilar a cualquier persona o suprimir libertades. Su alcance debe examinarse junto con los requisitos, límites y controles que el propio tratado establece.

La soberanía y las autoridades competentes siguen importando

El artículo 5 preserva la igualdad soberana, la integridad territorial y la no intervención, y aclara que la Convención no habilita a un Estado a ejercer en otro funciones reservadas a las autoridades de este último. Esto significa que la dimensión internacional de un delito no elimina las reglas de competencia ni permite a particulares obtener datos protegidos invocando el tratado. Una empresa tecnológica, un banco y una autoridad investigadora pueden tener obligaciones diferentes; la vía para solicitar y producir información debe determinarse según el procedimiento aplicable.

Qué puede hacer hoy una víctima

Sin esperar la entrada en vigor de esta Convención, la víctima puede conservar mensajes originales, enlaces, fechas, identificadores de transacciones y comprobantes, y denunciar por los canales competentes bajo la legislación actualmente aplicable. Como recomendación práctica, conviene evitar alterar los archivos y comunicar con rapidez la existencia de datos que podrían desaparecer, para que las autoridades valoren medidas de preservación por las vías disponibles. El abogado debe distinguir entre mecanismos ya vigentes y los que dependerán del nuevo tratado; la firma internacional no sustituye una denuncia ni garantiza la recuperación automática del dinero.

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