Carlos Felipe B.Socio director y fundador
La diferencia debe comprobarse con el expediente
Si una promotora ofrece más apartamentos que los autorizados, debe compararse lo vendido con la licencia y los planos aprobados, verificando si existe una modificación posterior válida. Vender una unidad proyectada no equivale a tener autorización para construirla ni garantiza que podrá obtener un título individual.
Los permisos delimitan la obra autorizada
El MIVHED explica que la licencia de construcción autoriza el proyecto conforme a la documentación aprobada y los planos sellados. La información oficial identifica como parte del marco aplicable las leyes 675-44, 687-82 y 160-21. Una ampliación comercial no sustituye las aprobaciones técnicas y urbanísticas exigibles.
Pida información concreta a la promotora
Solicite por escrito la licencia vigente, los planos correspondientes a su unidad, las modificaciones autorizadas y la situación del régimen de condominio. Guarde contrato, comprobantes y publicidad. Verifique también si el apartamento ofrecido ocupa un área común o implica cambios en estacionamientos, densidad o servicios del proyecto.
El comprador tiene derecho a información veraz
La Ley 358-05 protege la información y los intereses económicos del consumidor. Pro Consumidor señala que puede conocer infracciones por publicidad inmobiliaria engañosa cuando lo anunciado no corresponde con lo entregado. La reclamación debe acompañarse de la oferta y de los documentos que evidencien la diferencia.
Las consecuencias dependen de la infracción
Puede corresponder una inspección y las medidas administrativas legalmente procedentes, además de reclamaciones contractuales de cumplimiento, resolución, devolución o daños, según el caso. La irregularidad no convierte automáticamente toda venta en delito: una acusación penal requiere comprobar los elementos de la infracción y la participación de sus responsables.
No acepte cambios sin evaluar su impacto
Antes de firmar anexos o aceptar una unidad diferente, verifique su viabilidad jurídica y técnica. Si la unidad contratada no puede entregarse legalmente, valore las acciones y medidas de protección oportunas. El objetivo es evitar seguir pagando sobre la sola afirmación de que los permisos serán regularizados después.