Carlos Felipe B.Socio director y fundador
Las autoridades informan que 31 mujeres se encontraban en el lugar contratadas para ejercer presumiblemente la prostitución.
La Altagracia.– Unas 31 mujeres supuestamente contratadas para ejercer la prostitución, fueron detectadas durante un allanamiento realizado por las autoridades de la Procuraduría Especializada contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas y la Procuraduría Especializada Anti-lavado de Activos en coordinación con la Fiscalía de la provincia La Altagracia.
Las mujeres fueron encontradas en el negocio Ladies Factory conocido como “Las Conejitas”, ubicado en la calle Los Tainos, Friusa, Distrito Municipal Verón-Bávaro, el cual fue clausurado por las autoridades y fueron apresados los ciudadanos Imputados Lorenzo Areché Melo (Propietario del nigth club), y sus empleados Joaquín Guerrero Garrido, Miguel Polanco Vásquez, Amos Jean Pierre, Juan Isidro Rosario Batista, Víctor Luis Pinales, Edwin Pérez y Juan Manuel Herrera Espinosa, contra quienes será solicitada medida de coerción en las próximas horas.
Según se ha podido establecer en el transcurso de las investigaciones, supuestamente el imputado Lorenzo Areché Melo promovía a la República Dominicana como un destino sexual en el exterior, incluso a través de vallas colocadas en distintos lugares de la provincia La Altagracia.
De ese negocio se presume que el imputado obtuvo muchos bienes provenientes del proxenetismo. La tarifa básica para sostener relaciones sexuales con una mujer era de U$ 16O dólares americanos.
Durante los allanamientos, el Ministerio Público ocupó elementos de prueba asociados al delito de proxenetismo, la suma de 370 mil 966 pesos y 4 mil 60 dólares canadienses.
El Ministerio Público le ha otorgado al presente hecho la calificación jurídica de Proxenetismo agravado, los cuales se encuentran tipificados y sancionados en las disposiciones de los artículos: 334 y 334-1 del Código Penal Dominicano, y Lavado de Activos, de acuerdo a los artículos 1 (numeral 7), 3 (literal a) y 18 de la Ley 72-02 (sobre Lavado de Activos Provenientes del Tráfico Ilícito de Drogas y Sustancias Controladas y otras Infracciones Graves), en perjuicio del Estado dominicano.
Francisco Domínguez Brito, procurador general de la República, instruyó a que se solicitara en contra de los imputados la medida de coerción de prisión preventiva por proxenetismo y lavado de activos.
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