La legislación dominicana orientada al desarrollo local ha dado un paso firme hacia la madurez institucional y el respeto al diseño constitucional. La reciente promulgación de la Ley 4-26, que declara a la provincia Monseñor Nouel como provincia ecoturística, representa mucho más que una simple iniciativa de fomento medioambiental y económico. Desde la óptica jurídica, esta norma constituye un excelente ejemplo de cómo el Poder Legislativo asimila y ejecuta los precedentes vinculantes del Tribunal Constitucional para sanear nuestro ordenamiento jurídico.
El peso de la jurisprudencia constitucional y la separación de poderes
Para comprender la verdadera trascendencia de esta nueva ley, debemos mirar hacia el pasado, específicamente a la derogada Ley 195-04. Aquella antigua normativa, aunque bien intencionada en su afán de promover el ecoturismo en Monseñor Nouel, adolecía de un vicio de inconstitucionalidad severo en su diseño institucional: incluía al senador y a los diputados de la provincia como miembros con poder de decisión dentro del Consejo de Desarrollo Ecoturístico.
El Tribunal Constitucional, mediante la emblemática sentencia TC/0234/14, dejó meridianamente claro que esta integración vulneraba el principio de separación de poderes. Los legisladores, cuya función esencial es la de legislar, fiscalizar y controlar las actuaciones del Estado, no pueden participar en la toma de decisiones de órganos que son de la estricta competencia administrativa del Poder Ejecutivo. La nueva Ley 4-26 nace precisamente para acatar este mandato jurisprudencial, extirpando la figura de los congresistas del consejo rector y devolviendo la armonía al esquema de pesos y contrapesos del Estado.
La reestructuración institucional del Consejo de Desarrollo Ecoturístico
Al purgar el vicio de inconstitucionalidad, la Ley 4-26 aprovecha para modernizar la gobernanza del ecoturismo en la provincia, alineándola con los mandatos de la Ley Orgánica de la Administración Pública. Se instituye el Consejo de Desarrollo Ecoturístico de la provincia Monseñor Nouel como un ente público descentralizado, adscrito al Ministerio de Turismo, pero dotado de verdadera autonomía administrativa, técnica, económica y financiera.
La nueva conformación del Consejo es una muestra de gobernanza plural y estrictamente administrativa. Ahora es presidido por el Ministro de Turismo y cuenta con la participación del Ministerio de Medio Ambiente, la gobernación civil, una representación rotativa de las alcaldías locales, la Cámara de Comercio y Producción, y las organizaciones ecológicas de la provincia. Esta estructura asegura que las políticas públicas se diseñen desde el territorio, involucrando a la sociedad civil y a los entes rectores del medioambiente y el turismo, sin la injerencia indebida del poder legislativo en labores de administración.
Sostenibilidad financiera y estímulos para la inversión
Una ley de fomento que no prevea el aspecto económico corre el riesgo de convertirse en letra muerta. El legislador, consciente de este reto, ha dotado al nuevo Consejo de herramientas financieras reales. Se crea el Fondo Provincial de Desarrollo Ecoturístico, y se establece una disposición transitoria que obliga a consignar en el Presupuesto General del Estado una partida de veinte millones de pesos anuales durante los primeros cuatro años para garantizar el arranque de las operaciones.
Además, desde la perspectiva del derecho corporativo y la inversión, la norma contiene un atractivo innegable. Las empresas que decidan instalarse y desarrollar proyectos ecoturísticos en la provincia Monseñor Nouel bajo el amparo de esta declaratoria, gozarán de los robustos incentivos y exenciones fiscales establecidos en la Ley 158-01 sobre Fomento al Desarrollo Turístico. Esto convierte a la provincia en un nicho altamente competitivo para el desarrollo de infraestructuras amigables con el medioambiente.
