La X Cumbre de las Américas, que se celebrará en diciembre de 2025 en Punta Cana, República Dominicana, adquiere particular relevancia en un momento de crecientes tensiones políticas y redefiniciones del multilateralismo regional. En esta ocasión, el país anfitrión y la Secretaría de la Cumbre de la OEA han definido como tema principal la seguridad humana, entendida como un concepto que engloba la seguridad ciudadana, alimentaria, hídrica y energética. Este enfoque no es casual: plantea un reto jurídico-público para los países de la región, pues exige instrumentos legales e institucionales que trasciendan la cooperación diplomática para responder a crisis complejas e interconectadas.
La República Dominicana ostenta la presidencia pro tempore del Proceso de Cumbres de las Américas y ha venido coordinando los trabajos preparatorios junto con la Secretaría de Cumbres de la OEA. Se han realizado diversos diálogos de políticas preparatorios sobre seguridad alimentaria, hídrica, energética y crimen organizado con participación estatal y de actores sociales. Asimismo, se han programado encuentros con la sociedad civil y el sector empresarial para alimentar la agenda.
Uno de los puntos más polémicos ha sido la decisión del gobierno dominicano de no invitar a Venezuela, Cuba y Nicaragua, a quienes califican como dictaduras que no participan del sistema de la OEA. Esto ha generado críticas desde distintos sectores que interpretan la medida como politización de la Cumbre y una afectación al principio de representatividad hemisférica. El tema no es menor en el plano jurídico-diplomático, pues cuando un foro multilateral decide excluir Estados surgen debates sobre legitimidad, derecho internacional y la naturaleza de los compromisos que emanan de estos encuentros.
Incluir la noción de seguridad humana exige articular políticas sectoriales a través de marcos legales sólidos. Los países deberán presentar compromisos y rutas jurídicas para reforzar la cooperación en materia de justicia penal, garantizar derechos sociales en contextos de crisis, crear mecanismos intergubernamentales para la gestión compartida de recursos transfronterizos y establecer estándares comunes para la transición energética responsable y sostenible. No basta con declaraciones: la Cumbre deberá promover la adopción de instrumentos jurídicos nacionales y regionales que puedan ser objeto de seguimiento.
Uno de los retos más importantes es la tensión entre soberanía y cooperación. Para muchos Estados el límite entre coordinación y cesión de autonomía es delicado, y acordar mecanismos comunes puede verse como pérdida de soberanía. En este contexto, las delegaciones deberán negociar cláusulas que permitan coordinación sin impedir que cada país mantenga su capacidad normativa interna. También surge el dilema de la representación, pues la exclusión de algunos gobiernos vislumbra un debate sobre cómo garantizar legitimidad política sin comprometer principios institucionales del foro.
Un déficit histórico de las Cumbres ha sido la falta de mecanismos sólidos de implementación y seguimiento. Para que la edición 2025 tenga un valor real, es indispensable definir metas medibles, establecer cronogramas precisos, crear órganos de seguimiento con participación multisectorial, garantizar transparencia y, en lo posible, avanzar hacia instrumentos jurídicos vinculantes.
La X Cumbre de las Américas 2025 representa una oportunidad para redefinir el rol del derecho internacional regional en América Latina y el Caribe. Si logra articular compromisos sostenibles y mecanismos de rendición de cuentas, podría marcar un antes y un después en la gobernanza hemisférica. Pero ello dependerá de la voluntad política, el diálogo inclusivo y la capacidad de transformar debates en normas y acciones concretas.
