En la República Dominicana, la promulgación de la Ley 74-25, que instituye el Nuevo Código Penal, ha traído consigo un fortalecimiento del marco jurídico para combatir la violencia doméstica o intrafamiliar. Dentro de esta figura se reconocen diversas modalidades de maltrato, entre ellas la violencia patrimonial o económica, que constituye una de las formas menos visibilizadas, pero con efectos devastadores para las víctimas.
¿Qué es la violencia patrimonial?
El Artículo 124 del Nuevo Código Penal define la violencia doméstica o intrafamiliar como toda conducta ejercida por padres, madres, hijos, cónyuges, exconyugues, convivientes, tutores o cualquier persona bajo cuya autoridad o cuidado se encuentre un miembro de la familia, caracterizada por el uso de fuerza física, violencia económica, patrimonial, verbal, psicológica, de intimidación o persecución.
En ese contexto, la ley especifica que la violencia patrimonial o económica se manifiesta cuando el agresor utiliza los recursos materiales o financieros como mecanismo de control y dominación sobre la víctima.
Manifestaciones de la violencia patrimonial
El propio artículo detalla algunas conductas que constituyen esta forma de violencia:
- Retención de salarios o ingresos de la víctima.
- Distracción o desvío de bienes con fines de privar a la persona de su uso legítimo.
- Apropiación indebida de propiedades o pertenencias.
- Imposición de restricciones económicas que limiten el acceso a bienes, servicios o necesidades básicas.
En esencia, se trata de quitar a la víctima la capacidad de decidir y administrar sus propios recursos, sometiéndola a una dependencia forzada.
Consecuencias legales y sociales
El reconocimiento expreso de la violencia patrimonial en el Nuevo Código Penal dominicano constituye un avance importante, ya que tradicionalmente este tipo de maltrato era invisibilizado frente a otras formas más evidentes, como la física o la psicológica.
Hoy, la normativa establece que estas conductas no son simples conflictos familiares, sino actos de violencia intrafamiliar sancionables penalmente. El marco sancionador busca prevenir la perpetuación de ciclos de abuso que afectan no solo a la víctima directa, sino también al entorno familiar, especialmente a niños, niñas y adolescentes que crecen bajo esa dinámica de control.
La importancia de la prevención y la denuncia
Desde la perspectiva jurídica, la tipificación clara de la violencia patrimonial obliga a las instituciones del sistema de justicia a dar seguimiento a las denuncias, garantizar medidas de protección y aplicar sanciones efectivas.
Sin embargo, también es necesario un cambio cultural, donde las víctimas reconozcan estas conductas como violencia y no como parte normal de la vida familiar. El derecho patrimonial de cada persona es un derecho humano fundamental que no puede ser coartado ni manipulado en nombre de relaciones de poder.
