02 De Abril del año 2014
SANTO DOMINGO. La limitación a la facultad del querellamiento, contemplada en la reforma del Código Procesal Penal, ha originado el rechazo de la Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus) y la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios (Anje), que califican la cuestión como un elemento excluyente del derecho de ciudadanía establecido en la Constitución de la República.
La posición fue fijada por el vicepresidente de la Finjus, Servio Tulio Castaños Guzmán, y la presidenta de Anje, Laura Peña Izquierdo.
Mientras que el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, César Pina Toribio, afirmó ayer que no ha visto el proyecto de modificación del Código Procesal Penal aprobado por el Congreso Nacional.
De su lado, el procurador General de la República, Francisco Domínguez Brito, entiende que ese punto, que ha llamado a preocupación, no debe paralizar el proceso de reforma que se realizó a más de 100 artículos de la norma.
Castaños Guzmán plantea que se incurre en un importante retroceso al limitar la facultad de querella a las personas afectadas de manera directa por un hecho o a sus familiares, en rechazo a la lógica de la Constitución de 2010.
Considera que la lectura integrada de los artículos 50, 51, 85, 262 y 267 del Código Procesal Penal aprobado reducen las querellas por daños colectivos y difusos de un hecho determinado a asuntos de carácter ambiental y patrimonial del Estado, «excluyendo así otros impor- tantes aspectos que resultaban garantías comunes de un modelo de democracia constitucional como el nuestro».
Considera que si bien es cierto que la Constitución sólo exige de manera literal el que se garantice la facultad de denuncia en aspectos de corrupción pública como derecho de la ciudadanía, «entendemos que la visión del constituyente no fue la de limitar herramientas de control social y ciudadano que sirven para garantizar la eficiencia de nuestro modelo de gobierno».
De su lado, la Anje cree que calificó como «inaceptable» la modificación al Código, que impedirá al ciudadano – en lo adelante querellarse contra cualquier servidor público que cometa una falta en el desempeño de sus funciones, por ser contraria a la Constitución de la República y la Ley Orgánica que contempla la Estrategia Nacional de Desarrollo.
Peña Izquierdo sostiene que es una vergüenza la modificación que elimina el tercer párrafo del artículo 85 de la pieza legislativa, que reconoce el derecho que tiene todo ciudadano a querellarse.
Diputado defiende CPD; otros hablan de modificarlo
Mientras el presidente de la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados, Demóstenes Martínez, defendió ayer las modificaciones hechas al Código Procesal Penal (CPP), dos miembros de la Comisión de Justicia del Senado reiteraron su interés en que luego de varios meses el Congreso Nacional se aboque nuevamente a modificarlo.
Martínez afirmó que son poco serias las críticas hechas sobre el CPP. «Aludir a unas supuestas violaciones constitucionales, la verdad que es muy poco serio», expresó.
En tanto que los senadores Francis Vargas y Julio César Valentín afirmaron que hay aspectos que deben ser modificados más adelante. Vargas afirmó que la Constitución establece que se puedan presentar denuncias, no querellas, contra funcionarios.
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