El Código Civil Francés, conocido como Código Napoleónico o Código de Napoleón, es uno de los más conocidos códigos civiles del mundo. Fue aprobado por la Ley del 21 de marzo de 1804 y se encuentra todavía en vigor, aunque con numerosas e importantes reformas. Su elaboración fue encargada a una comisión creada para recopilar la tradición jurídica francesa, dando como resultado la promulgación del Code Civil des Français el 21 de marzo de 1804, durante el gobierno de Napoleón Bonaparte.
Redacción
Los cuatro editores vienen de lugares muy diferentes; dos son de países de derecho escrito (Portalis y Maleville), y los otros dos son de países de derecho consuetudinario (Bigot de Préameneu y Tronchet). Sus intenciones están más claramente expresadas en el famoso discursos preliminares pronunciados por Portalis al presentar el primer borrador (Projet de l’an VIII) en 1801.
El Código retoma numerosas disposiciones del Código de Justinien por influencia de Pothier, retoma también numerosas disposiciones de la Coutume de París, en particular para las servidumbres. Su plan, que fue adoptado sin ser discutido, es cercano al de los Institutos, pero es un arreglo clásico en la enseñanza y desde la publicación de la gran síntesis de la ley civil de Domat .
El plan de los Institutos consta de tres partes:
- Las personas,
- cosas,
- las acciones.
El plan del Código Civil originalmente se separó en cuatro libros:
- Personas,
- Bienes y modificaciones varias del inmueble,
- De las diferentes formas en que se adquiere la propiedad.
- Un libro de procedimiento (luego retirado cuando lo regía un código).
Antecedentes
Al asumir el Primer Consulado, Napoleón se propuso refundir en un solo texto legal el cúmulo de la tradición jurídica francesa, para así terminar con la estructura jurídica del Antiguo Régimen, eliminando las regulaciones particulares que afectaban sólo a grupos muy concretos de la población (leyes especiales para la aristocracia, leyes para los campesinos, leyes para los gremios, etc.), y suprimiendo las leyes locales que suponían un obstáculo para la administración pública, formulando una serie de reglas legales aplicables de manera general a toda la sociedad; también se pretendía eliminar las contradicciones y superposiciones nacidas de la coexistencia de diversos regímenes legales, apoyando la estabilidad política. Así, el nuevo código formalizaba con leyes la abolición del régimen feudal, haciendo de hecho imposible su resurrección.
Esta nueva estructura se encontraba sostenida en dos ejes. El primero, el tradicional derecho franco-germano del norte, con influencias germánicas tanto de los principados alemanes como de los Países Bajos. En segundo lugar, la tradición romanista basada en el Corpus Iuris Civilis, aunque modificada por los comentaristas medievales del sur de Francia.
La comisión encargada de la redacción del Código estuvo compuesta por Tronchet, presidente de la Corte de Casación: Malleville, juez de la misma corte; Jean Portalis, alto oficial administrativo; y Bigot de Préameneu, antiguo miembro del Parlamento de París. La comisión estuvo bajo la dirección de Cambacérès, y el plazo de cuatro meses presentó un borrador que fue enviado a la Corte Superior y a la Corte de Casación para que presentaran sus observaciones.
Finalmente fue revisado por el Consejo de Estado, presidido por Napoleón, antes de ser enviado al parlamento para su aprobación. Pese a que Bonaparte era sólo un soldado sin conocimientos de leyes, su poderosa e impresionante personalidad ayudó a superar los obstáculos formales que presentaron las Cortes y la obstrucción del aparato burocrático, forzando su rápida aprobación y entrada en vigencia. También se afirma que el propio Napoleón asistió a más de la mitad de las reuniones de codificación, para su registro y evaluación. No obstante, la principal participación de Napoleón en el Código se vio reducida a pocos aunque trascendentales aspectos (como el divorcio y la adopción), donde jugaron ante todo sus intereses personales. También se le atribuye responsabilidad directa en el artículo 415, que dictaminaba: “Toda coalición de obreros formada con el fin de aumentar sus salarios será penada con un mes de cárcel como mínimo y los instigadores sufrirán prisión de dos a cinco años”.
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