La capacidad contributiva es la aptitud de una persona de ser sujeto pasivo de obligaciones tributarias en tanto es llamada a financiar el gasto público por la revelación de manifestaciones de riqueza (capacidad económica) que, ponderadas por la política legislativa, son elevadas al rango de categoría imponible. Nuestra tesis es que la capacidad contributiva justifica la autonomía estructural del derecho tributario y financiero.
La existencia de capacidad contributiva distingue a las prestaciones tributarias de otras prestaciones coactivas de naturaleza patrimonial que, aunque comparten ciertos rasgos comunes –como el principio de legalidad, por ejemplo–, asumen presupuestos diferentes. La conexión subjetiva con la manifestación de riqueza permite el nacimiento de relaciones jurídicas personales, que adoptan la capacidad contributiva como fundamento. El grupo familiar, las uniones transitorias de empresas o la sucesión indivisa pueden erigir una capacidad jurídica autónoma a la concebida por el derecho privado.
El principio de proporcionalidad tributaria se refiere a que los impuestos que debemos pagar para los gastos públicos, no resulten desmesurados en cuanto a las capacidades económicas de los individuos. El diccionario panhispánico del español jurídico define el principio como aquel que exige una relación razonable entre el ejercicio de las potestades y funciones de la Administración tributaria en la aplicación de los tributos y las obligaciones materiales y formales del obligado tributario evitando, en todo caso, un perjuicio de difícil o imposible reparación.
Las cargas fiscales deben fijarse en proporción a los índices de capacidad de pago, de forma que la imposición resulte igualmente onerosa, en términos relativos, a cada contribuyente.
Para la Corte Constitucional peruana, en la sentencia N° 0033-2004-AI/TC, “la capacidad contributiva es un principio implícito de la tributación y que tiene un nexo indisoluble con el hecho sometido a la imposición, configurando el presupuesto legitimador para establecer tributos”, precisando que: “siempre que se establezca un tributo, éste deberá guardar íntima relación con la capacidad económica de los sujetos obligados, ya que sólo así se respetará la aptitud del contribuyente para tributar o, lo que es lo mismo, sólo así el tributo no excederá los límites de la capacidad contributiva del sujeto pasivo, configurándose el presupuesto legitimador en materia tributaria y respetando el criterio de justicia tributaria en el cual se debe inspirar el legislador, procurando siempre el equilibrio entre el bienestar general y el marco constitucional tributario al momento de regular cada figura tributaria.»
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