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El Tribunal Contencioso Tributario y Administrativo en República Dominicana
La Ley 13-07 en República Dominicana reformó el sistema de justicia administrativa al unificar las competencias del Tribunal Superior Administrativo y el Tribunal Contencioso Administrativo de lo Monetario y Financiero en un solo órgano: el Tribunal Contencioso Tributario y Administrativo.
Competencias del Tribunal:
Este tribunal tiene la responsabilidad de resolver disputas entre los ciudadanos y la administración pública. Sus competencias incluyen:
- Responsabilidad patrimonial del Estado: Casos en que se busca que el Estado indemnice a particulares por daños causados por sus acciones u omisiones.
- Actos de corporaciones profesionales: Revisa la legalidad de las decisiones de colegios profesionales que ejercen funciones públicas.
- Expropiaciones: Supervisa los procesos de expropiación forzosa por causa de utilidad pública.
- Vía de hecho administrativa: Atiende casos en que la administración pública actúa de forma ilegal o arbitraria, excepto en materia de libertad individual.
Organización del Tribunal:
- La Suprema Corte de Justicia puede dividir el Tribunal en Salas, cada una con al menos tres magistrados.
- Los Juzgados de Primera Instancia (excepto en el Distrito Nacional y la Provincia de Santo Domingo) conocen en única instancia las controversias entre personas y municipios.
- Agotamiento de la vía administrativa: Es facultativo para interponer recursos, excepto en materia de servicio civil.
- Plazos para recurrir:
- 30 días para recursos contra actos administrativos.
- 10 días para recursos contra actuaciones en vía de hecho.
- 1 año para casos de responsabilidad patrimonial del Estado.
- El Distrito Nacional y los municipios de la Provincia Santo Domingo son representados por abogados designados.
- La Administración Central del Estado y los organismos autónomos son representados por el Procurador General Tributario y Administrativo.
Medidas cautelares:
El Presidente del Tribunal puede adoptar medidas cautelares para asegurar la efectividad de una eventual sentencia.