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Derecho a un juicio justo

El derecho a un juicio justo se encuentra en la esencia del artículo 10, otro artículo con el que los redactores de la Declaración Universal de los Derechos Humanos (DUDH) de 1948, una vez más, trataron de evitar la repetición de las atrocidades de la Alemania de Hitler, donde los jueces y tribunales acataron las órdenes del régimen nazi en vez de defender la causa de la justicia en interés del pueblo. Algunas garantías para un juicio justo, incluido el derecho a la presunción de inocencia, también se encuentran en los artículos 6, 7, 8 y 11 de la Declaración.

El derecho a un juicio justo ha sido aceptado sin discusión por todos los países (incluso si no siempre lo cumplen). Los juicios justos no sólo protegen a los sospechosos y a los acusados, sino que también hacen que las sociedades sean más seguras y más fuertes al consolidar la confianza en la justicia y en el Estado de Derecho.

El derecho a un juicio justo o al debido proceso es el conjunto de condiciones que aseguran la defensa de los derechos y obligaciones de un individuo que está bajo consideración judicial. Como un derecho fundamental obliga al poder público a actuar de manera justa, imparcial y racional. En los sistemas jurídicos democráticos modernos el debido proceso se aplica no sólo a los procesos penales, sino a todo órgano que ejerza funciones jurisdiccionales.

El derecho a un juicio justo se estipula en un gran número de constituciones del mundo. Se trata de un fundamento básico de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, adoptada en 1948. Si bien cada uno de los países cuenta con diferentes reglas y procedimientos, a continuación, mencionamos algunos principios básicos necesarios para que un juicio sea justo:

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