El derecho penal es el instrumento más fuerte que tiene el Estado. Puede restringir la libertad, afectar la reputación y cambiar la vida de una persona. Por eso, en un Estado de derecho, su uso debe ser siempre excepcional, proporcional y orientado a sancionar conductas verdaderamente graves. Sin embargo, en la práctica dominicana ha surgido una preocupación creciente: la percepción de que el derecho penal, en ciertos casos, se utiliza como mecanismo de presión más que como herramienta de justicia.
Esta inquietud no es meramente teórica. Surge de la observación de situaciones donde el proceso penal parece activarse no solo para investigar delitos, sino también para generar efectos indirectos, como forzar acuerdos, presionar económicamente o influir en conflictos que podrían resolverse por otras vías.
Desde el punto de vista constitucional, esta preocupación es relevante. El artículo 69 de la Constitución consagra el debido proceso, lo que implica que toda actuación penal debe responder a fines legítimos y respetar las garantías fundamentales. Asimismo, el artículo 40 protege la libertad personal, estableciendo límites claros al poder punitivo del Estado.
El problema aparece cuando el proceso penal se utiliza con finalidades distintas a las que le son propias. Por ejemplo, en conflictos comerciales o civiles, se han observado casos en los que una de las partes recurre a denuncias penales como forma de presión para obtener pagos, ventajas o acuerdos. Aunque no todos estos casos son ilegales, sí plantean interrogantes sobre el uso estratégico —y potencialmente desviado— del sistema penal.
Otro ámbito donde se percibe esta tensión es en la solicitud de medidas de coerción, especialmente la prisión preventiva. Cuando esta se utiliza de manera intensiva, puede generar un efecto de presión sobre el imputado, incentivándolo a colaborar, negociar o aceptar determinadas condiciones, incluso antes de que se determine su responsabilidad penal.
No se trata de afirmar que exista un uso sistemático o generalizado del derecho penal con fines de presión, pero sí de reconocer que el diseño mismo del sistema puede ser utilizado de esa manera en determinados contextos. El proceso penal tiene un peso simbólico y práctico tan fuerte que su sola activación puede producir efectos significativos.
El Ministerio Público, como titular de la acción penal, tiene un rol central en este debate. Su función es investigar y perseguir delitos conforme a la ley, con objetividad e imparcialidad. Cuando su actuación se percibe como desproporcionada o selectiva, surge la sospecha de que el proceso puede estar siendo utilizado con fines distintos a los estrictamente jurídicos.
Sin embargo, también es importante evitar generalizaciones. El derecho penal sigue siendo una herramienta esencial para combatir la criminalidad, proteger a las víctimas y garantizar el orden público. El problema no es su existencia, sino su posible desviación.
El Tribunal Constitucional ha insistido en que el poder punitivo del Estado debe ejercerse con respeto a los principios de legalidad, proporcionalidad y razonabilidad. Esto implica que el proceso penal no puede convertirse en un instrumento de presión indebida, ni en un mecanismo para resolver conflictos que pertenecen a otras áreas del derecho.
Desde una perspectiva práctica, la clave está en identificar cuándo el uso del derecho penal es legítimo y cuándo puede ser cuestionable. La existencia de una denuncia no implica necesariamente abuso, pero el contexto, la proporcionalidad de las medidas y la finalidad perseguida pueden revelar un uso estratégico del sistema.
En conclusión, en la República Dominicana no puede afirmarse de manera absoluta que el derecho penal se utilice como herramienta de presión, pero sí existen indicios y casos que justifican el debate. El riesgo está presente, especialmente en un sistema donde las medidas de coerción tienen un impacto significativo.
El desafío es claro: garantizar que el derecho penal se mantenga dentro de sus límites naturales. Porque cuando se utiliza para presionar en lugar de hacer justicia, no solo se afecta al imputado, sino que se debilita la credibilidad de todo el sistema. En un Estado de derecho, el poder penal no puede ser un instrumento de negociación, sino una garantía de justicia.
