Los Principios y Directrices Internacionales sobre el Acceso a la Justicia de las Personas con Discapacidad (PDF) son una herramienta práctica para apoyar a los Estados en el diseño e implementación de sistemas de justicia que proporcionen un acceso igualitario a la justicia para las personas con discapacidad, en línea con las normas internacionales de derechos humanos. Son el resultado de las consultas y la colaboración con expertos en derechos de los discapacitados, organizaciones de personas discapacitadas, Estados, académicos y otros profesionales, como se indica a continuación.
Antecedentes
Desde la adopción de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD) en 2006, los Estados se han comprometido a eliminar las barreras que dificultan el acceso de las personas con discapacidad a la justicia. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible, en particular el Objetivo 16, han reforzado este compromiso. Avanzar y apoyar a los Estados en el cumplimiento de sus obligaciones en este ámbito, ha sido una prioridad en la agenda del Relator Especial. Consultas de expertos Los días 8 y 9 de noviembre de 2018, el Relator Especial organizó, en colaboración con el ACNUDH, un Reunión del Grupo de Expertos con el propósito para debatir la aplicación de los derechos a la capacidad jurídica y al acceso a la justicia en el contexto de la administración de justicia. During this meeting, expertos de entidades de la ONU, mecanismos regionales, sistemas nacionales de justicia, academias judiciales, centros de formación, la sociedad civil y el mundo académico destacaron la necesidad de sistematizar las buenas prácticas de acceso a la justicia de las personas con discapacidad y de adoptar directrices y protocolos para quienes trabajan en la administración de justicia. Tras esta reunión, el Relator Especial encargó en 2019 un estudio destinado a identificar los principios, las intervenciones y las estrategias pertinentes para garantizar el acceso efectivo a la justicia de las personas con discapacidad en igualdad de condiciones con las demás. El sitio web estudio describe la legislación, las políticas y las prácticas desarrolladas o aplicadas a nivel nacional, regional e internacional para mejorar el acceso a la justicia de las personas con discapacidad. Proporciona una sistematización de todos los diferentes elementos que harían que un sistema cumpliera con la CDPD e incluyera la discapacidad. A partir de las conclusiones del informe, se redactó un proyecto de principios y directrices internacionales sobre el acceso a la justicia de las personas con discapacidad. En 21 febrero 2020, el Relator Especial convocó otra Reunión del Grupo de Expertos en Ginebra con el propósito para debatir y validar los Principios y Directrices Internacionales sobre el Acceso a la Justicia de las Personas con Discapacidad, con una variedad de expertos. El documento pretende orientar a los Estados y a otros actores en el cumplimiento de sus obligaciones internacionales en este ámbito.
Los Principios y Directrices, que han sido refrendados por la Comisión Internacional de Juristas, la Alianza Internacional de la Discapacidad y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, sirven de orientación a los Estados miembro para que establezcan las acciones necesarias para proporcionar la igualdad de acceso a la justicia a todas las personas con discapacidad, con independencia de su papel en el proceso.
De esta manera, el documento, que representa un impulso notable en la defensa de los derechos de las personas con discapacidad, desglosa las directrices asociadas a cada uno de los siguientes principios:
Principio 1. Todas las personas con discapacidad tienen capacidad jurídica y, por lo tanto, a nadie se le negará el acceso a la justicia por motivos de discapacidad.
Principio 2. Las instalaciones y servicios deben tener accesibilidad universal para garantizar la igualdad de acceso a la justicia sin discriminación de las personas con discapacidad.
Principio 3. Las personas con discapacidad, incluidos los niños y las niñas con discapacidad, tienen derecho a ajustes de procedimiento adecuados.
Principio 4. Las personas con discapacidad tienen derecho a acceder a la información y las notificaciones legales en el momento oportuno y de manera accesible en igualdad de condiciones con las demás.
Principio 5. Las personas con discapacidad tienen derecho a todas las salvaguardias sustantivas y de procedimiento reconocidas en el derecho internacional en igualdad de condiciones con las demás y los Estados deben realizar los ajustes necesarios para garantizar el debido proceso.
Principio 6. Las personas con discapacidad tienen derecho a asistencia jurídica gratuita o a un precio asequible.
Principio 7. Las personas con discapacidad tienen derecho a participar en la administración de justicia en igualdad de condiciones con las demás.
Principio 8. Las personas con discapacidad tienen derecho a presentar denuncias e iniciar procedimientos legales en relación con delitos contra los derechos humanos y violaciones de los mismos, a que se investiguen sus denuncias y a que se les proporcionen recursos efectivos.
Principio 9. Los mecanismos de vigilancia sólidos y eficaces tienen un papel fundamental de apoyo al acceso a la justicia de las personas con discapacidad.
Principio 10. Deben proporcionarse programas de sensibilización y formación sobre los derechos de las personas con discapacidad, particularmente en relación con su acceso a la justicia, a todos los trabajadores del sistema de justicia.
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