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La Protección de Derechos de Terceros en el Derecho Inmobiliario Dominicano

El sistema legal dominicano, en su afán de garantizar la seguridad jurídica en las transacciones inmobiliarias, consagra el principio de protección de derechos de terceros. Este principio fundamental busca salvaguardar los intereses de quienes, de buena fe y sin conocimiento de vicios o irregularidades, adquieren derechos sobre un inmueble.

¿Quiénes son considerados terceros en el derecho inmobiliario?

En el contexto del derecho inmobiliario dominicano, se considera tercero a toda persona que, sin tener participación en un acto jurídico anterior, ve afectados sus derechos por dicho acto. Específicamente, la Ley 108-05 de Registro Inmobiliario, en su Artículo 2, define al tercero registral como aquel que adquiere un derecho real inmobiliario de buena fe, a título oneroso y sin conocimiento de causa de ningún vicio que afecte la validez del derecho del transmitente.

¿Cómo se protege a los terceros en la República Dominicana?

La protección de los derechos de terceros se materializa a través de diversos mecanismos:

Excepciones a la protección de terceros:

Existen algunas excepciones a la protección de terceros:

  • Derechos provenientes de las leyes de Aguas y Minas: estos derechos, aunque no estén registrados, pueden afectar los derechos de terceros adquirientes.
  • Posesión material del inmueble: si un tercero adquiere un inmueble que se encuentra en posesión de otra persona, esta posesión puede generar derechos que afecten al adquiriente, aunque no estén registrados.
  • Acciones de nulidad y rescisión: en ciertos casos, los actos jurídicos que afectan a un inmueble pueden ser declarados nulos o rescindibles, lo que puede perjudicar los derechos de terceros adquirientes, incluso si actuaron de buena fe.

Importancia de la protección de terceros:

La protección de los derechos de terceros es crucial para el desarrollo del mercado inmobiliario en la República Dominicana. Este principio fomenta la confianza en las transacciones inmobiliarias, al garantizar la seguridad jurídica de los adquirientes y promover la inversión en el sector.

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