La irrupción de la inteligencia artificial en distintos ámbitos de la vida social ha planteado desafíos inéditos para el derecho penal. Sistemas capaces de tomar decisiones autónomas —desde algoritmos de recomendación hasta vehículos automatizados— generan una pregunta central: cuando una decisión automatizada causa un daño, ¿quién debe responder penalmente? La respuesta no es sencilla, ya que el derecho penal tradicional se construye sobre la base de la conducta humana.
En la República Dominicana, el marco jurídico vigente no reconoce a la inteligencia artificial como sujeto de derecho ni como titular de responsabilidad penal. Conforme a los principios generales del derecho penal, solo las personas físicas —y en ciertos casos las personas jurídicas— pueden ser responsables de delitos. Este enfoque se conecta con la idea de culpabilidad, que exige conciencia y voluntad, elementos que una máquina, por avanzada que sea, no posee.
Desde esta perspectiva, la responsabilidad debe desplazarse hacia los actores humanos involucrados en el diseño, implementación y uso del sistema. Esto puede incluir programadores, empresas desarrolladoras, proveedores de servicios o incluso usuarios finales. Por ejemplo, si un sistema automatizado comete un error previsible debido a una mala programación, podría analizarse la responsabilidad del desarrollador bajo criterios de negligencia o imprudencia.
El análisis se complica cuando la inteligencia artificial opera con cierto grado de autonomía y aprendizaje, lo que dificulta prever resultados específicos. En estos casos, el derecho penal enfrenta el reto de determinar si existió una “falla de control” o un defecto en los mecanismos de supervisión. Aquí cobra relevancia la noción de deber de cuidado: quienes introducen estos sistemas en la sociedad deben garantizar estándares razonables de seguridad.
Aunque en la República Dominicana no existe aún una regulación penal específica sobre inteligencia artificial, los principios de la Constitución de la República Dominicana y las normas generales sobre responsabilidad penal pueden servir como punto de partida. Asimismo, el debate internacional —impulsado por organismos como la Unión Europea— apunta hacia la necesidad de establecer marcos normativos más claros que contemplen estos escenarios.
Otro aspecto relevante es la posible responsabilidad de las personas jurídicas. Si una empresa implementa un sistema de inteligencia artificial sin las debidas garantías y esto provoca un daño, podría evaluarse su responsabilidad penal o administrativa, dependiendo del ordenamiento aplicable. Esto refuerza la importancia de la debida diligencia tecnológica y la adopción de mecanismos de auditoría y control.
