La función de Fiscalización es un pilar esencial de la Ley 84-25, definida como el conjunto de actos y procedimientos realizados por el Congreso Nacional para el control del patrimonio público, los ingresos, gastos y uso de los fondos públicos.. Su objetivo no es solo la legalidad, sino también la eficiencia y el cumplimiento de metas presupuestarias..
✍️ Requisitos y Faltas Graves en la Remisión de Cuentas
El mecanismo central de esta fiscalización es el Estado de Recaudación e Inversión de las Rentas. Este documento debe ser presentado por el Poder Ejecutivo a una de las cámaras durante la primera legislatura ordinaria.. La Ley 84-25 eleva la importancia de este acto al tipificar el incumplimiento del presidente de la República a la remisión de este estado como una falta grave en el desempeño de su cargo, lo que activa inmediatamente los mecanismos de control político..
El contenido que debe tener el Estado de Recaudación e Inversión es altamente detallado y exhaustivo.. Debe incluir el estado de operación y flujo de efectivo del Presupuesto General del Estado, los movimientos de la Tesorería Nacional, y el estado actualizado de la deuda pública interna y externa.. Además, debe contener un informe sobre la gestión financiera consolidada del sector público no financiero y, crucialmente, el grado de cumplimiento de los objetivos y metas previstas en la Estrategia Nacional de Desarrollo 2030.. Incluso, se exige que se incluya el saldo de cuentas por pagar con los suplidores en el apartado de empresas públicas financieras y no financieras..
La Cámara de Cuentas juega un papel central en este proceso, ya que su Informe de Análisis y Evaluación de la Ejecución del Presupuesto General del Estado es el documento base que el Congreso tomará para analizar, estudiar y decidir sobre el estado de recaudación e inversión.. Este informe de la Cámara de Cuentas debe ser depositado en ambas cámaras a más tardar el 30 de abril del año siguiente..
El contenido del informe de la Cámara de Cuentas va más allá de la auditoría financiera, incluyendo el análisis de desviaciones y la determinación de responsabilidades administrativas, civiles, y la existencia de indicios de responsabilidad penal de los funcionarios que administran fondos públicos.. El informe incluso debe incluir las resoluciones de la Cámara de Cuentas que notifiquen a servidores públicos sobre la responsabilidad administrativa comprobada..
La coordinación entre el informe del Poder Ejecutivo y el de la Cámara de Cuentas garantiza un proceso de fiscalización bicéfalo y robusto . Mientras el Ejecutivo rinde cuentas de la ejecución, la Cámara de Cuentas evalúa y audita dicha ejecución, ofreciendo al Congreso las conclusiones necesarias para aprobar o rechazar el Estado de Recaudación e Inversión de las Rentas en un tiempo razonable.
Finalmente, para apoyar esta tarea técnica, la ley crea una dependencia interna en cada cámara: la Oficina de Análisis, Seguimiento y Evaluación Presupuestaria (OASEP). Esta oficina está destinada a proporcionar a los legisladores el soporte técnico especializado necesario para un análisis presupuestario profundo y eficaz, fortaleciendo así la capacidad fiscalizadora del Congreso..
