El principio de primacía de la realidad, ampliamente reconocido en el derecho laboral, ha ido adquiriendo relevancia progresiva en el ámbito del derecho tributario, como un criterio interpretativo orientado a garantizar que la tributación responda a la verdadera naturaleza económica de las operaciones y no a las formas jurídicas utilizadas por los contribuyentes.
En el ordenamiento jurídico dominicano, aunque este principio no se encuentra expresamente formulado de manera general en la normativa tributaria, su aplicación se desprende de la interpretación sistemática del Código Tributario de la República Dominicana, así como de la práctica administrativa y la jurisprudencia. En esencia, implica que la Administración Tributaria debe atender a la realidad económica de los hechos imponibles, más allá de las estructuras formales o contractuales adoptadas.
Este principio se vincula estrechamente con la noción de sustancia sobre forma, ampliamente desarrollada en el derecho tributario comparado. Bajo esta lógica, no basta con que una operación esté jurídicamente estructurada de determinada manera; lo determinante es su contenido económico real. Por ejemplo, una operación que formalmente se presenta como un contrato civil puede, en la práctica, encubrir una relación de naturaleza distinta con implicaciones fiscales específicas.
La aplicación de la primacía de la realidad en materia tributaria cobra especial importancia en escenarios donde existe planificación fiscal agresiva o simulación. En tales casos, la Dirección General de Impuestos Internos está facultada para recalificar los actos o negocios jurídicos cuando se evidencie que su estructura ha sido diseñada con el propósito de eludir o reducir indebidamente la carga tributaria.
Asimismo, este principio encuentra respaldo indirecto en normas antiabuso y en disposiciones que facultan a la Administración a verificar la veracidad de las declaraciones y documentos presentados por los contribuyentes. De esta manera, se evita que la literalidad de los actos jurídicos sirva como mecanismo de evasión o elusión fiscal.
Desde la perspectiva doctrinal, la primacía de la realidad en el derecho tributario responde a la necesidad de preservar los principios de equidad, justicia tributaria y capacidad contributiva. Si la tributación se basara exclusivamente en las formas jurídicas, se abriría la puerta a desigualdades, donde contribuyentes en situaciones económicas equivalentes soportarían cargas fiscales distintas en función de estructuras formales artificiales.
No obstante, su aplicación debe realizarse con prudencia, respetando el principio de legalidad tributaria. La Administración no puede desconocer arbitrariamente los actos jurídicos válidamente celebrados, sino únicamente cuando existan elementos objetivos que evidencien discrepancia entre la forma y la realidad económica.
