El caso Philip Morris contra Uruguay fue un proceso judicial iniciado el 19 de febrero de 2010 y concluido el 8 de julio de 2016, en el cual la multinacional tabacalera Philip Morris Internacional (PMI), cuya casa matriz se localiza en Lausana, presentó una demanda contra Uruguay ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI). La referencia al proceso es Caso CIADI No. ARB/10/7, y el nombre del caso es: FTR Holdings S.A. (Suiza) y otros contra la República Oriental del Uruguay.
La compañía Philip Morris demandó a Uruguay por un monto de veinticinco millones de dólares, por incurrir en prácticas anticompetitivas alegando una violación del tratado bilateral de inversión entre Suiza y Uruguay.
Por otra parte, Uruguay y sus autoridades habían recibido elogios por su campaña de promoción de la salud por parte de la Organización Mundial de la Salud y por activistas antitabaco.
El 8 de julio de 2016, después de seis años el CIADI falló en favor de Uruguay obligando a los demandantes a pagar los gastos de los demandados y del tribunal.
Contexto
El 19 de junio de 2003, cuando el presidente uruguayo era Jorge Batlle, la Asamblea General de Uruguay aprobó el convenio marco para el control del tabaco, convenio mediante el cual se alineó a las políticas recomendadas por la Organización Mundial de la Salud (OMS). El convenio se ratificó el 9 de agosto de 2004 y entró en vigor el 27 de febrero de 2005, luego de la sanción del parlamento uruguayo.
El gobierno de Tabaré Vázquez, que se había iniciado el 1° de marzo de 2005, promovió una serie de medidas para combatir el consumo del cigarrillo, cuyas enfermedades asociadas constituían una de las mayores causas de mortalidad en ese país. Estas enfermedades suponían, en el 2005, la muerte de cinco mil personas por año a nivel nacional. El consumo de tabaco afectaba a uno de cada cuatro uruguayos.
La metodología empleada por el estado uruguayo para modificar esta situación consistió en una serie de decretos presidenciales, resoluciones y ordenanzas ministeriales, leyes, campañas de difusión públicas y modificaciones impositivas, que tenían por objeto la reducción del consumo de cigarrillos en la sociedad uruguaya.
Algunas de las medidas tomadas por el gobierno fueron la prohibición de vender distintos tipos de presentaciones de una misma marca de cigarrillos, y la exigencia de la difusión de imágenes de advertencia sobre el riesgo de fumar, imponiendo que las mismas ocuparan el 80 % de la caja de cigarrillos, además de la subida de impuestos, y la prohibición de la publicidad de cigarrillos en los medios de comunicación, así como del patrocinio que hacen las marcas de tabaco en cualquier tipo de eventos. Además, se prohibió fumar en lugares públicos como oficinas, centros estudiantiles, bares, restaurantes, bailes, y lugares públicos cerrados, entre otros; los uruguayos solo pueden fumar en lugares abiertos o en sus casas, y no pueden ser comercializados cigarrillos electrónicos.
El 19 de febrero de 2010 inició el proceso judicial. El 26 de marzo de ese año el secretario general del CIADI registró una solicitud de institución de los procedimientos de arbitraje. El 15 de marzo de 2011 se eligieron los tres árbitros: ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversores (CIADI), Uruguay eligió como árbitro al abogado y juez australiano James Crawford, mientras que PMI designó como representante al estadounidense Gary Born y el CIADI al profesor italiano Piero Bernardini. El 24 de mayo de 2011 se establecieron acuerdos de confidencialidad y uso de la información que se adoptarían en el juicio. La primera reunión fue por videoconferencia con los árbitros y las partes involucradas. El presidente del tribunal estableció un cronograma de reuniones que tomaron seis semanas.
Instancias
El 25 y 26 de mayo de 2011 se realizó en París, Francia la primera reunión del proceso judicial iniciado por Philip Morris. El 6 de septiembre de 2011 representantes y equipo de abogados que defendió a Uruguay se reunieron en Washington, Estados Unidos. Se actualizó información del proceso y se anunció que las primeras audiencias serían a partir de marzo de 2012. Ese día el tribunal emitió una orden de confidencialidad respecto a los procedimientos. El 24 de septiembre de 2011 el demandado Uruguay presentó un memorial sobre la jurisdicción del caso.
El 21 de octubre de 2011 la tabacalera Philip Morris anunció el cierre de su planta de fabricación en Uruguay. El país comenzó a tener cigarrillos importados de Argentina. El 24 de enero de 2012, los demandantes presentaron una contramemoria sobre la jurisdicción. El 1 de junio de 2012 el Ministerio de Salud Pública envió al Parlamento un proyecto de ley para prohibir la publicidad de tabaco en los puntos de venta en Uruguay. Los días 5 y 6 de febrero de 2013 fueron las primeras audiencias presenciales a puertas cerradas en París, que se centraron en aspectos de jurisdicción.
El 2 de julio de 2013 el CIADI decidió que tenía jurisdicción en el caso Philip Morris contra Uruguay. Al día siguiente, la OMS, la OPS y América Libre de Tabaco, lanzaron la campaña regional enmarcada en el tema de ese año del Día Mundial Sin Tabaco: prohibir la publicidad, la promoción y el patrocinio del tabaco; designándose como deportista a cargo de la transmisión del mensaje al futbolista uruguayo Diego Forlán. Se estimó que la primera audiencia ante el tribunal sería a fines de 2014.
El 25 de octubre de 2013 la Comisión de Promoción y Defensa de la Competencia de Uruguay aplicó una multa a la tabacalera Abal Hermanos (filial local de Philip Morris) por haber desarrollado una práctica anticompetitiva, de acuerdo a la Resolución Nº 128/013. El 4 de marzo de 2014 Philip Morris presentó los argumentos. Por su parte, el 29 de septiembre de 2014 Uruguay presentó sus argumentos, y el 18 de junio de 2015 aumentó el impuesto para los cigarrillos en el país. El 25 de noviembre de 2015, se volvió a anunciar un alza de 10 % en el impuesto para los cigarrillos en Uruguay. El 19 de enero de 2016 las partes presentaron un escrito sobre los costos. El 6 de julio de 2016 la prensa anunció que se esperaba el fallo sobre el juicio. Dos días más tarde finalizó el proceso y la CIADI emitió el fallo a favor de Uruguay.
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