El Tratado de paz amistad perpetua y arbitraje es el que rige desde hace más de 90 años prohíbe que Haití o República Dominicana hagan obras que desvíen el curso de alguno de los ríos que corren entre ambas naciones. Para finales de la década de 1920 ya se establecían regulaciones para el uso de los recursos acuíferos compartidos entre República Dominicana y Haití, como es el caso del río Masacre.
Se trata del Tratado de Paz, Amistad Perpetua y Arbitraje firmado en 1929, cuyo artículo número 10 prohíbe las obras que afecten los flujos o el curso de los ríos transfronterizos. Pese a esto, el gobierno de Haití proyecta construir un canal de riego para suplir de agua a agricultores y personas en sus hogares provenientes del río Masacre, el cual divide a la Provincia Dajabón, en el lado dominicano, del Departamento Nordeste, en el lado haitiano.
“En razón de que ríos y otros cursos de agua nacen en el territorio de un Estado y corren por el territorio del otro o sirven de límites entre los dos Estados, ambas partes contratantes se comprometen a no hacer ni consentir ninguna obra susceptible de mudar la corriente de aquellas o de alterar el producto de las fuentes de las mismas”, cita el primer párrafo del referido tratado.
En su segundo párrafo este acuerdo, firmado con Haití el 20 de febrero de 1929 por el presidente dominicano Horacio Vásquez, no prohíbe el consumo del agua de forma equitativa en su propio territorio para la irrigación, la agricultura o la industria.
“Esta disposición no se podrá interpretar en el sentido de privar a ninguno de los dos Estados del derecho de usar, de una manera justa y equitativa, dentro de los límites de sus territorios respectivos, dichos ríos y otros cursos de agua para el riego de las tierras y otros fines agrícolas e industriales”, expresa el documento.
Es decir, que si bien los dominicanos y haitianos pueden utilizar equitativamente el agua para el riego o irrigación; lo firmado en el acuerdo prohíbe desviar el curso del río. La construcción del canal a orillas del río Masacre fue identificada a unos 58 metros de la línea fronteriza, en el lado haitiano.
Este tratado es reconocido por nuestra Carta Maga -en el Artículo 10 Artículo de la Constitución dominicana- cuando establece que «se declara de supremo y permanente interés nacional la seguridad, el desarrollo económico, social y turístico de la Zona Fronteriza, su integración vial, comunicacional y productiva, así como la difusión de los valores patrios y culturales del pueblo dominicano. En consecuencia:
1) Los poderes públicos elaborarán, ejecutarán y priorizarán políticas y programas de inversión pública en obras sociales y de infraestructura para asegurar estos objetivos;
2) El régimen de adquisición y transferencia de la propiedad inmobiliaria en la Zona Fronteriza estará sometido a requisitos legales específicos que privilegien la propiedad de los dominicanos y dominicanas y el interés nacional».
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