La Recomendación 34 del Grupo de Acción Financiera (GAFI) ocupa un lugar esencial dentro del marco internacional de prevención del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. Su objetivo central es promover la transparencia, la integridad y la responsabilidad en los procesos relacionados con la circulación de información financiera, especialmente aquella vinculada al cumplimiento regulatorio, la cooperación internacional y la supervisión de los distintos sectores obligados. Aunque suele recibir menos atención mediática que otras recomendaciones más conocidas, su impacto jurídico y operativo es profundo, especialmente para los países en proceso de fortalecer sus sistemas de control, como la República Dominicana.
Esta recomendación establece la necesidad de que los países cuenten con mecanismos sólidos para garantizar la calidad y disponibilidad de información, así como su adecuada difusión a las autoridades competentes, al sector privado y a los organismos internacionales. El GAFI entiende que un régimen eficiente contra el lavado de activos no solo requiere leyes estrictas y sanciones fuertes, sino también la existencia de datos confiables y accesibles que permitan al sistema funcionar de manera coordinada y basada en riesgos.
En el contexto dominicano, la Recomendación 34 se vincula directamente con la evolución normativa que ha experimentado el país en los últimos años. La Ley 155-17 sobre Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo introdujo un marco más moderno, más alineado con los estándares internacionales y mucho más exigente en cuanto a la transparencia y el intercambio de información. A partir de esta ley, la República Dominicana consolidó un sistema institucional donde la debida diligencia, la supervisión financiera, los reportes de operaciones sospechosas y la colaboración entre entidades se volvieron obligaciones esenciales.
La Recomendación 34 amplifica este esfuerzo porque enfatiza la importancia de que la información generada por la supervisión y el cumplimiento sea accesible y útil para todos los actores relevantes. En términos prácticos, esto implica que las autoridades deben publicar datos, guías, estadísticas y reportes que permitan comprender mejor los riesgos existentes y la efectividad de las medidas adoptadas. La transparencia se convierte en una herramienta preventiva: cuando las empresas supervisadas reciben información adecuada, pueden ajustar sus propios controles internos y fortalecer sus sistemas de cumplimiento.
La República Dominicana, en sus evaluaciones del GAFI y del GAFILAT, ha tenido que demostrar que posee mecanismos para compartir información financiera y regulatoria de manera oportuna y precisa. Esto incluye la publicación de informes de tipologías, guías de debida diligencia, estadísticas sobre investigaciones y sanciones, y análisis sectoriales de riesgo. La Recomendación 34 exige que estos esfuerzos no sean eventuales, sino parte de una práctica institucional sostenida y verificable.
Otro aspecto relevante es el papel que juega la recomendación en la cooperación internacional. Para un país como República Dominicana, donde convergen actividades turísticas, zonas francas, flujos transfronterizos y mercados financieros en crecimiento, compartir información de forma efectiva con otros Estados es fundamental. La Recomendación 34 exige que la información disponible sea suficientemente confiable y transparente como para sostener este intercambio, lo que incrementa la credibilidad del país ante socios internacionales y organismos multilaterales.
En el sector privado dominicano, esta recomendación también genera efectos importantes. Las entidades financieras, aseguradoras, fiduciarias, inmobiliarias, proveedores de servicios corporativos y demás sujetos obligados dependen de la información que publican las autoridades para diseñar matrices de riesgo, actualizar manuales de cumplimiento y mejorar su vigilancia sobre operaciones inusuales. La ausencia de datos suficientes puede dificultar la implementación adecuada de un enfoque basado en riesgos, mientras que la transparencia fortalece la calidad del sistema en su conjunto.
La Recomendación 34 del GAFI no es simplemente una norma técnica; es un principio que busca fortalecer la cultura de cumplimiento, incrementar la confianza en el sistema regulatorio y mejorar la capacidad del Estado para prevenir actividades ilícitas. En la República Dominicana, donde la lucha contra el lavado de activos tiene implicaciones profundas en ámbitos como la inversión extranjera, la bancarización, la reputación del país y la seguridad nacional, esta recomendación actúa como un faro que guía un proceso continuo de modernización institucional.
Su cumplimiento no solo responde a estándares internacionales, sino que contribuye a crear un sistema financiero más transparente, más confiable y más alineado con las mejores prácticas globales. En un entorno económico dinámico y cada vez más interconectado, la accesibilidad a información de calidad no es un lujo regulatorio, sino una necesidad para proteger la estabilidad, la integridad y la competitividad del país.
