La promulgación de la Ley núm. 85-25 en agosto de 2025 marca un hito trascendental en el ordenamiento jurídico dominicano, específicamente en la regulación de las relaciones de arrendamiento y desahucio. Esta legislación nace de la necesidad imperante de superar un marco normativo disperso y obsoleto que, hasta la fecha, no ofrecía una tutela real y efectiva del Derecho en la materia. La ley tiene como objetivo principal regular las relaciones, condiciones y obligaciones jurídicas que se originen en el alquiler de bienes inmuebles, abarcando no solo la vivienda, sino también el comercio y las actividades sin fines de lucro.
El espíritu de esta nueva ley se fundamenta en varios «Considerandos» cruciales. Primero, reconoce la necesidad de una legislación que, como Estado Social y Democrático de Derecho, garantice los derechos de las personas y responda a la realidad social y económica actual, marcada por los cambios en la oferta y demanda de inmuebles. En segundo lugar, busca estimular la inversión inmobiliaria, tanto pública como privada, nacional y extranjera, para contribuir con la erradicación del déficit habitacional y fomentar proyectos inmobiliarios sostenibles.
Un aspecto innovador es la inclusión expresa de los inmuebles destinados al comercio y a las actividades sin fines de lucro. La legislación anterior carecía de una norma con fuerza de ley que incluyera específicamente estos destinos, dejando un vacío que esta nueva normativa busca llenar. Al garantizar la estabilidad jurídica de estos espacios, se promueve un clima favorable para el emprendimiento, el comercio local y la inversión, evitando los desahucios arbitrarios.
Esta Ley núm. 85-25 es, además, una respuesta a la dispersión legislativa que caracterizaba la materia. Al concentrar toda la reglamentación en un único texto, se persigue la seguridad jurídica y un mayor acceso de la población a los inmuebles destinados al alquiler. Se trata de establecer un marco normativo que proteja los derechos tanto de los inquilinos (arrendatarios) como de los propietarios (arrendadores), respetando los principios de equidad y la libre autonomía de la voluntad de las partes.
Para lograr su propósito de unificación, la ley deroga explícitamente normativas históricas que regían el sector. Específicamente, quedan sin efecto la Ley núm. 4314 de 1955, sus modificaciones (Ley núm. 17-88), y el influyente Decreto núm. 4807 de 1959 sobre Control de Alquileres de Casas y Desahucios. Esta derogación señala el compromiso del Congreso Nacional y el Poder Ejecutivo de establecer un régimen completamente nuevo.
En conclusión, la Ley 85-25 no es solo una actualización, sino una reconceptualización de la relación de alquiler en el país. Al abarcar vivienda, comercio y fines sociales, y al centralizar la normativa, busca equilibrar la necesidad de proteger a los inquilinos con el estímulo a la inversión inmobiliaria, todo dentro de un contexto de modernización judicial para agilizar los procesos de desahucio y cobro, sentando las bases de un sistema más justo y previsible.
