Un cambio en la forma de entender el derecho penal
El nuevo Código Penal dominicano introduce de manera expresa el principio de lesividad, una regla que marca un antes y un después en la forma de aplicar la justicia penal. En palabras simples, solo será punible una conducta si lesiona o pone en peligro un bien jurídico protegido. Esto significa que no basta con que un acto sea considerado inmoral o reprochable socialmente; debe afectar realmente un interés relevante para la sociedad.
¿Por qué es tan importante este principio?
El derecho penal es la herramienta más fuerte del Estado y, como tal, debe usarse solo en casos excepcionales. El principio de lesividad asegura que la sanción penal se aplique únicamente cuando sea necesaria, es decir, cuando estén en riesgo bienes esenciales como la vida, la libertad, la integridad física, el patrimonio, la seguridad pública o la justicia misma.
En otras palabras, se busca que el derecho penal sea un recurso de última ratio, evitando abusos y garantizando proporcionalidad.
Lo que dice el nuevo Código Penal
El Código es claro al señalar que:
“Las conductas tipificadas como infracciones en este Código solo se considerarán punibles si lesionan o ponen en peligro un bien jurídico protegido.”
Esto implica varias cosas:
- Se descarta la criminalización de actos inofensivos o simbólicos.
- Se marca una frontera entre lo que corresponde al derecho penal y lo que puede resolverse en el ámbito civil o administrativo.
- Cada delito debe estar vinculado a un bien jurídico concreto que se pretende proteger.
Impacto en los tribunales
Con esta disposición, los jueces tienen la obligación de ir más allá de la letra de la ley y verificar si efectivamente existe una lesión o un riesgo real. Esto evitará procesos innecesarios, reducirá el uso del derecho penal como herramienta política y fortalecerá las garantías del debido proceso.
Mirando hacia el derecho comparado
El principio de lesividad no es exclusivo de República Dominicana. Países como España, Alemania o Argentina lo han aplicado desde hace años para limitar el poder punitivo del Estado. Con esta incorporación, nuestro ordenamiento se alinea con los estándares internacionales de un derecho penal democrático y garantista.
