El derecho de oposición es un componente clave de los derechos de protección de datos que permite a los individuos objetar oponerse al procesamiento de sus datos personales por parte de una organización o entidad. Este derecho se encuentra respaldado por regulaciones de privacidad y protección de datos, como el Reglamento General de Protección de Datos (GDPR) en la Unión Europea y, en nuestro caso, por la Ley núm. 172-13.
Es el derecho del interesado a oponerse en cualquier momento, por motivos relacionados con su situación particular, a que sus datos personales sean objeto de tratamiento basado en una misión de interés público o en el interés legítimo, incluido la elaboración de perfiles.
Esto es cuando el tratamiento esté basado en el cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable del tratamiento; o cuando el tratamiento sea necesario para la satisfacción de intereses legítimos perseguidos por el responsable del tratamiento o por un tercero, siempre que sobre dichos intereses no prevalezcan los intereses o los derechos y libertades fundamentales del interesado que requieran la protección de datos personales
Es el derecho del interesado a oponerse a que el responsable realice un tratamiento de sus datos personales.
Puede ejercerse en los siguientes supuestos:
- Por motivos relacionados con su situación particular, cuando dichos datos sean objeto de tratamiento basado en una misión de interés público o en los intereses legítimos del responsable o de un tercero.
En este caso, el responsable debe abandonar el tratamiento salvo que acredite motivos imperiosos que prevalezcan sobre los intereses, derechos y libertades del interesado, o que el tratamiento se dirija a la formulación, el ejercicio o la defensa de reclamaciones.
- Cuando el tratamiento tenga como finalidad la mercadotecnia directa, incluida también la elaboración de perfiles.
Derecho dominicano
Base legal
Este derecho tiene su fundamento en el artículo 44.2 de nuestra Carta Magna, que establece que «toda persona tiene el derecho a acceder a la información y a los datos que sobre ella o sus bienes reposen en los registros oficiales o privados, así como conocer el destino y el uso que se haga de los mismos, con las limitaciones fijadas por la ley. El tratamiento de los datos e informaciones personales o sus bienes deberá hacerse respetando los principios de calidad, licitud, lealtad, seguridad y finalidad. Podrá solicitar ante la autoridad judicial competente la actualización, oposición al tratamiento, rectificación o destrucción de aquellas informaciones que afecten ilegítimamente sus derechos.
Habeas data
El artículo 70 de nuestra Constitución reconoce a Toda persona el derecho a una acción judicial para conocer de la existencia y acceder a los datos que de ella consten en registros o bancos de datos públicos o privados y, en caso de falsedad o discriminación, exigir la suspensión, rectificación, actualización y confidencialidad de aquéllos, conforme a la ley. En el ejercicio de este derecho, no podrá afectarse el secreto de las fuentes de información periodística.
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