El derecho de la competencia es una rama del derecho que se ocupa de las leyes y normas que buscan asegurar que los mercados tengan una competencia efectiva.
El derecho de la competencia es la rama del Derecho que se encarga de regular el comercio mediante la prohibición de restricciones ilegales, la fijación de precios y los monopolios. Busca promover la competencia entre las empresas existentes en un mercado y el fomento de la calidad de bienes y servicios al menor precio posible, garantizando una estructura de mercado eficiente.
El objetivo del Derecho de la competencia es promover la «competencia justa» entre las empresas. Ha tenido un efecto importante en las prácticas empresariales y la reestructuración del sector industrial en los países donde se ha adoptado. Basadas en la premisa que el comercio libre beneficia tanto a consumidores, empresas y la economía en general, la ley prohíbe distintos tipos de restricciones comerciales y el abuso de monopolización.
Elementos del derecho de la competencia
Está conformado por dos conjuntos de normas:
- Derecho antimonopolio.
- Derecho de la competencia desleal.
El derecho antimonopolio tiene como objetivo prevenir y sancionar aquellas conductas que tengan como objetivo limitar la competencia en los mercados. Entre estas conductas se encuentran: cárteles, abuso de posición dominante, control de fusiones, etc.
El derecho antimonopolio investiga conductas que tienen o podrían tener un efecto negativo sobre el mercado y/o los consumidores. No investiga conductas que solo afectan a un competidor o consumidor particular, pero que no tienen repercusión en el mercado.
El derecho de la competencia desleal, en cambio, se ocupa de las conductas anticompetitivas de las empresas, independientemente de que tengan o no efecto en el mercado. Se trata de impedir que las empresas usen malas prácticas para dañar a competidores y/o consumidores. Entre estas conductas se encuentran: publicidad engañosa, denigración, confusión o explotación de reputación ajena, entre otras. Busca proteger los derechos de los competidores y fomentar una competencia sana y limpia.
Derecho dominicano
«El artículo 50 de la Constitución prohíbe los monopolios privados y los reserva solamente en provecho del Estado. Esta cláusula es capital para la prestación de servicios públicos en manos privadas, debido al hecho de que se pueden presentar dos escenarios para los ciudadanos.
El primero, donde la existencia de la libre competencia entre los agentes del mercado que funcionan de acuerdo a la libre contratación, libre ingreso de prestadores y libre fijación de precios y tarifas. Un tanto lo que pasa en República Dominicana con el mercado de las telecomunicaciones. Aquí la intervención de la autoridad se limitará a garantizar la libre competencia y a hacer cumplir las normas de lealtad comercial.
Por esa razón, en el ordenamiento adjetivo, la Ley 42-08, de Defensa de la Competencia, y la Ley de Protección al Consumidor tienen como bienes jurídicos protegidos garantizar la lealtad comercial, controlar las estructuras del mercado para que haya libre competencia y asegurar los derechos de los consumidores y usuarios.
En el caso de la Ley 42-08, ésta tiene por objeto fundamental promover y defender la competencia efectiva para incrementar la eficacia económica en los mercados de bienes y servicios, a fin de generar beneficio y valor en favor de los consumidores y usuarios de bienes y servicios en el mercado nacional.
De su lado, las disposiciones de la Ley de Protección al Consumidor tienen por finalidad establecer un régimen de defensa de los derechos de los consumidores y usuarios que garantice la equidad y la seguridad jurídica en las relaciones entre proveedores, consumidores de bienes y usuarios de servicios. Es decir, que de ambas normas establecen como bien jurídico protegido final los consumidores y usuarios de bienes y servicios del mercado nacional, dentro de los cuales lo usuarios de servicios económicos de interés general tienen un rango preponderante.
Y es que, pese a que la Ley de Defensa de la Competencia constituye un instrumento para regular relaciones entre agentes económicos y no entre éstos y los consumidores y usuarios, desde la perspectiva de los servicios públicos esta legislación y los ordenamientos sectoriales constituyen poderosos instrumentos para proteger los derechos de los ciudadanos.»
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