El concepto de beneficiario final es de gran importancia en el contexto de la lucha contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo. Se refiere a la persona o entidad que en última instancia se beneficia de los fondos generados o utilizados en actividades ilícitas y que están siendo ocultados a través de estructuras legales o financieras para dar la apariencia de legitimidad a esos activos.
El Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT) define como beneficiario final se refiere a la(s) persona(s) natural(es) que finalmente3 posee o controla a un cliente4 y/o la persona natural en cuyo nombre se realiza una transacción. Incluye también a las personas que ejercen el control efectivo final sobre una persona jurídica u otra estructura jurídica. El beneficiario final se puede entender como la persona, natural o jurídica, que controla una empresa o propiedad, y quien toma las decisiones.
La Ley núm. 155-17, define al beneficiario final como la persona física que ejerce el control efectivo final sobre una persona jurídica o tenga como mínimo el 2 0% de capital de la persona jurídica, incluyendo a la persona física en beneficio de quien o quienes se lleva a cabo una transacción.
Tipos de beneficiarios finales
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Por control accionario: la persona física que tenga una participación en la persona jurídica declarante igual o mayor al 20%.
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En caso de que exista una cadena de titularidad, deben identificarse las personas físicas que tengan una participación directa o indirectamente igual o mayor al 20% en la entidad declarante.
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En caso de no poderse identificar un beneficiario final a través de la participación accionaria, se inscribirá como tal a la persona que ocupa el cargo de mayor nivel gerencial.
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Por control efectivo: la persona física que, sin perjuicio de poseer directa o indirectamente una participación inferior al 20% en la sociedad o a través de una cadena que ejerza el control efectivo de la sociedad o entidad jurídica declarante, ejerzan control sobre esta.
Identificar al beneficiario final es fundamental en la prevención y detección del lavado de activos porque permite a las autoridades y las instituciones financieras rastrear y entender quién se beneficia de los fondos ilícitos.
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